El 9 de julio concluyó el período de gracia de 30 días otorgado por Emiratos Árabes Unidos a los viajeros que no pudieron abandonar el país debido a las interrupciones aéreas regionales de principios de año. A partir de esta fecha, según confirmó la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía y Aduanas (ICP), los extranjeros que permanezcan con su estatus migratorio vencido volverán a estar sujetos a las multas por estancia irregular y a los procedimientos sancionadores habituales. La medida, que había eximido de penalizaciones a ciudadanos afectados por cierres del espacio aéreo vinculados al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se levantó sin que las autoridades emiratíes anunciaran una nueva prórroga.

De forma paralela, un conjunto de países del continente americano ha intensificado la aplicación estricta de los requisitos de validez del pasaporte. Desde la óptica de Washington, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recuerda que, salvo para los nacionales de países incluidos en el denominado “Club de los 6 Meses”, el documento debe conservar una vigencia mínima de medio año más allá de la fecha prevista de salida. En Canadá, el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC) no solo exige el pasaporte en vigor, sino que advierte que cualquier falsedad en la solicitud de visa acarrea una prohibición de ingreso de al menos cinco años. Las cancillerías de México y Argentina, por su parte, han reiterado que no se admitirán pasaportes caducados en los puntos de control migratorio, una directriz que las ciudades fronterizas mexicanas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo aplican sin excepciones para todas las nacionalidades.

Las consecuencias para los viajeros latinoamericanos y españoles son inmediatas. Quienes hayan postergado la renovación del pasaporte se exponen a que las aerolíneas les denieguen el embarque en el aeropuerto de origen, incluso antes de llegar al destino. Analistas en Ciudad de México señalan que la eliminación de criterios flexibles en los cruces terrestres más transitados del hemisferio afecta particularmente a residentes fronterizos y a turistas que solían confiar en tolerancias administrativas. En paralelo, la exigencia de una CURP certificada para tramitar el pasaporte mexicano añade un filtro burocrático adicional para los connacionales, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores permite acreditar la identidad con documentos alternativos como la credencial del INE o el acta de nacimiento.

El endurecimiento de los controles se inscribe, según fuentes diplomáticas en Bruselas y Ottawa, en una tendencia global de refuerzo de la verificación de identidad y de armonización de estándares de seguridad documental. Los acuerdos regionales —como el Mercosur, que habilita el tránsito con documento nacional de identidad, o el régimen especial para ciudadanos canadienses y ciertos indígenas norteamericanos— mantienen excepciones puntuales, pero la norma general se inclina hacia la exigencia de pasaportes biométricos con plena vigencia. Mientras tanto, los tiempos de tramitación de la ciudadanía canadiense se han extendido hasta los 19 meses, lo que añade presión sobre quienes buscan regularizar su situación. Las autoridades recomiendan verificar la fecha de expiración del pasaporte con al menos tres meses de antelación al viaje y no esperar a que se agoten los plazos de gracia, cuya renovación no está garantizada en ningún caso.