El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW) decidió este jueves restituir a Siria sus derechos de voto y su elegibilidad para los órganos de la institución, una prerrogativa que le había sido retirada en 2021. Según el comunicado oficial del organismo, la decisión, adoptada por consenso entre 67 Estados parte, responde a un «cambio significativo en las circunstancias» tras el derrocamiento del régimen de Bashar al Asad en diciembre de 2024 y a los «pasos concretos» que las nuevas autoridades de Damasco han dado para cooperar con el Secretariado Técnico.

Desde la óptica de la OPCW, el gobierno de transición sirio, encabezado por Ahmed al Sharaa, se ha comprometido a cumplir las obligaciones derivadas de la Convención sobre Armas Químicas y ha facilitado el establecimiento de una presencia permanente de inspectores en el país. De acuerdo con fuentes diplomáticas en La Haya, los equipos técnicos han podido documentar emplazamientos sospechosos y entrevistar a testigos de ataques pasados. El director general del organismo, Fernando Arias, calificó la medida como un hito hacia la eliminación completa y verificable de todo el armamento químico remanente asociado al anterior gobierno. Para Damasco, la restitución de derechos representa un avance en su proceso de reinserción internacional; un funcionario sirio declaró a Reuters en mayo que la dirigencia transicional había localizado restos del programa clandestino de Al Asad, incluidas materias primas y municiones similares a las empleadas en ataques con gas durante la guerra civil.

La suspensión de 2021 se fundamentó en las conclusiones de la Misión de Investigación de la OPCW y de su Equipo de Investigación e Identificación, que determinaron que las fuerzas gubernamentales sirias utilizaron de forma reiterada gas sarín y barriles de cloro, causando miles de víctimas. En aquel momento, tanto Damasco como su aliado militar, Moscú, negaron sistemáticamente el empleo de armas químicas. La incorporación de Siria a la Convención en 2013, bajo presión de Rusia y Estados Unidos tras el ataque químico de Guta Oriental, no impidió que el régimen de Al Asad omitiera parte de su arsenal y obstaculizara las inspecciones, según consta en informes del organismo.

El Consejo Ejecutivo aprobó asimismo un plan de monitoreo para la destrucción de armas químicas de categoría 3 —municiones sin carga— y dos acuerdos para la verificación sistemática de almacenes en Al Qutayfah y Homs. La OPCW subrayó que continuará supervisando los progresos y adoptando las decisiones necesarias para eliminar el legado químico del anterior régimen. Desde la óptica de las capitales occidentales, la restitución está condicionada a una cooperación sostenida; en Moscú, en cambio, se interpreta el acercamiento de las nuevas autoridades al organismo como un giro pragmático que podría facilitar la estabilización del país. El expediente sigue abierto y la OPCW ha instado a Damasco a cerrar definitivamente el dossier de armas químicas heredado.