La construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto largamente anhelado por Donald Trump, alcanzará un costo total de 600 millones de dólares, de los cuales más de la mitad provendrá de fondos públicos. Así lo revelan estimaciones internas de la empresa contratista Clark Construction, obtenidas por The Washington Post, que contradicen frontalmente las reiteradas promesas del mandatario de que “ni diez centavos” saldrían de los contribuyentes. Los documentos, elaborados entre julio y marzo, muestran que la administración conocía desde semanas antes de los discursos presidenciales la magnitud real del gasto y la inevitable dependencia del erario.

El proyecto, presentado originalmente como una obra financiada por el propio Trump y “patriotas generosos”, ha experimentado una escalada de costes sin precedentes. Las cifras públicas pasaron de 200 a 250, luego a 300 y finalmente a 400 millones de dólares, mientras la Casa Blanca insistía en el carácter privado de la inversión. Sin embargo, los registros internos de Clark Construction, citados por medios estadounidenses y recogidos por la prensa latinoamericana, sitúan el coste real en 600 millones, con al menos la mitad a cargo del presupuesto federal. Analistas en Washington subrayan que esta discrepancia no es un simple ajuste contable, sino una ocultación deliberada del impacto fiscal.

Desde la óptica europea, la polémica adquiere una dimensión adicional: en sistemas parlamentarios, un gasto suntuario de esta envergadura con fondos públicos desencadenaría comisiones de investigación inmediatas. La prensa canadiense, al convertir la cifra a dólares canadienses —840 millones—, resalta la magnitud del desembolso en un contexto de creciente déficit estadounidense. En México, la cobertura enfatiza la contradicción entre el discurso de austeridad que Trump exige a otros gobiernos y el dispendio en un capricho arquitectónico personal.

La revelación alimenta un clima de desconfianza institucional. Legisladores demócratas ya han solicitado auditorías independientes, mientras expertos en finanzas públicas advierten que el verdadero costo podría superar incluso los 600 millones, dado el historial de sobrecostos en proyectos federales. La Casa Blanca insiste en que “patriotas generosos” cubrirán la totalidad, pero los documentos de Clark Construction indican que la administración contempla partidas presupuestarias ordinarias para salvar el déficit. El salón de baile, lejos de ser un legado privado, se perfila como un símbolo de la opacidad fiscal y de las prioridades controvertidas de la era Trump.