Donald Trump se comprometió este martes, desde la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, a remitir el acuerdo provisional con Irán al Congreso de Estados Unidos para su escrutinio, una decisión que admitió no haber contemplado inicialmente. “Nunca pensé en enviarlo, ni siquiera se me pasó por la cabeza, pero lo haré. Me gusta la idea”, declaró el mandatario ante la prensa, cediendo así a las exigencias de influyentes senadores republicanos que reclamaban transparencia y un voto formal sobre cualquier compromiso definitivo. El gesto se produce apenas dos días después de que el propio Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, estamparan sus firmas en un memorando de entendimiento de catorce puntos que abre un período de sesenta días para negociar un acuerdo final.

El pacto, anunciado el domingo, ha generado un optimismo cauteloso sobre el fin de una guerra que, según fuentes de la región, se ha cobrado miles de vidas y perturbado la economía global desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero. El texto extiende la frágil tregua declarada en abril y contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital que permanecía bloqueado de facto. Trump aseguró que el paso funcionará sin peajes durante y después de los sesenta días de negociación, y subrayó que el documento establece de forma inequívoca que Irán no poseerá un arma nuclear. “El infierno se desatará sobre ellos si lo intentan”, amenazó, al tiempo que reveló que fuerzas estadounidenses habían destruido un emplazamiento que contenía “polvo nuclear” en territorio iraní.

Desde Washington, la reacción legislativa ha oscilado entre el escepticismo y la exigencia de control constitucional. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune —miembro del llamado Grupo de los Ocho que recibe los informes de inteligencia más sensibles— confesó que ni siquiera quienes siguen el tema de cerca conocen los detalles del memorando. Numerosos legisladores republicanos, entre ellos los senadores John Kennedy y Bill Cassidy, insistieron en que cualquier tratado final debe someterse a la aprobación del Senado, postura que refleja un pulso institucional latente tras años de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de política exterior. Mientras tanto, el vicepresidente Vance ha intentado llenar el vacío informativo con una ofensiva mediática que apenas ha ofrecido trazos gruesos del contenido.

En las capitales europeas y del Medio Oriente, el anuncio se sigue con una mezcla de alivio y cautela. Analistas en Bruselas advierten que la opacidad inicial del proceso recuerda a las críticas que Trump vertió contra el acuerdo nuclear de 2015 firmado por Barack Obama, al que calificó de desastroso. La mediación de Catar, elogiada por Trump como un factor “valiente y positivo”, añade una capa de complejidad diplomática en una región donde Doha aspira a consolidarse como interlocutor indispensable. Desde Teherán, las autoridades mantienen el discurso histórico de que su programa nuclear es exclusivamente civil, aunque el memorando parece imponer verificaciones más intrusivas.

El camino hacia un acuerdo definitivo está sembrado de incógnitas. La firma prevista para el viernes en Suiza dará paso a sesenta días de negociaciones sobre el uranio enriquecido, el alivio de sanciones y la reapertura total de Ormuz. La promesa de Trump de publicar el texto y remitirlo al Congreso introduce un elemento de supervisión democrática que podría legitimar el proceso ante una opinión pública internacional escéptica, pero también abre la puerta a un debate partidista que complique su ratificación. Para América Latina y España, la estabilización del tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y la contención de una escalada nuclear son variables que impactan directamente los precios energéticos y la seguridad del comercio global, razones por las cuales el desenlace de esta negociación se observa con lupa desde Ciudad de México hasta Madrid.