El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ejerció su derecho a veto este viernes contra el proyecto de ley que habría instaurado el “estatuto de persona cercana”, una figura legal destinada a otorgar a las parejas no casadas —incluidas las del mismo sexo— derechos similares a los matrimoniales en materia de propiedad conjunta, herencia y acceso a información médica. La decisión frena una iniciativa que el gobierno centrista de Donald Tusk había logrado aprobar en el Parlamento con el respaldo de toda la coalición gobernante, incluido el socio conservador PSL, y que buscaba alinear al país con los estándares mayoritarios de la Unión Europea.

Desde la presidencia polaca se justificó el veto con un argumento constitucional: el artículo 18 de la Carta Magna define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Nawrocki afirmó que, como “guardián de la Constitución”, no podía aceptar una solución que, a su juicio, diluiría ese estatus particular creando “cuasi-matrimonios” sin el catálogo completo de deberes conyugales. La normativa vetada constaba de dos textos: uno sobre el estatuto de la persona cercana y otro sobre acuerdos de convivencia, que permitían a dos adultos formalizar ante notario un pacto prácticamente idéntico a un contrato matrimonial.

La respuesta del primer ministro Tusk no se hizo esperar: calificó el veto de “expresión de desprecio hacia el pueblo y su derecho a la felicidad”. Fuentes gubernamentales en Varsovia recuerdan que la legalización de las uniones civiles era una promesa electoral de la Coalición Cívica para los primeros cien días de mandato, pero la coexistencia en el Ejecutivo con sectores más conservadores y la oposición del presidente, vinculado al nacional-conservadurismo, han dificultado sistemáticamente el avance de reformas sociales. La responsable de Igualdad, Katarzyna Kotula, anunció que explorará vías alternativas para garantizar derechos a estas parejas.

En el plano comunitario, Polonia permanece junto a Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia como uno de los últimos Estados miembros de la UE sin reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo, ya sea mediante matrimonio o parejas de hecho. No obstante, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a todos los países del bloque a reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otro Estado miembro, Varsovia ya acepta aquellos contraídos en el extranjero. Desde Bruselas, esta situación se observa como una anomalía dentro del acervo comunitario, mientras que desde Moscú, medios como Kommersant y Vedomosti enmarcan el veto en una defensa de los valores tradicionales, recordando que Rusia se negó en 2021 a acatar un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia y que el “movimiento internacional LGBT” está prohibido en su territorio. En contraste, analistas en América Latina —donde Argentina legalizó el matrimonio igualitario en 2010 y varios países han seguido ese camino— interpretan el bloqueo polaco como un reflejo de la creciente polarización en torno a los derechos sexuales en Europa central y oriental. El Parlamento polaco no cuenta con la mayoría cualificada para levantar el veto presidencial, por lo que la iniciativa queda, por ahora, sin recorrido legislativo.