El partido Prosperidad del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas del 1 de junio, al conquistar 438 de los 486 escaños anunciados, casi el 90 % del total, según confirmó la Junta Nacional Electoral. Con este resultado, la formación gobernante asegura la mayoría necesaria para que el Parlamento reelija a Abiy por un nuevo mandato de cinco años cuando se constituya la cámara en octubre. La participación oficial fue del 94 %, aunque los comicios estuvieron ausentes en la región norteña de Tigray —donde 38 escaños quedaron vacantes— y se vieron interrumpidos en partes de Amhara y Oromia debido a la inseguridad armada.

En Tigray, que aún se recupera de la guerra de 2020-2022 contra el gobierno federal —con un saldo estimado de 600.000 muertos—, las urnas no se instalaron en medio de acusaciones cruzadas de violaciones del acuerdo de paz de noviembre de 2022. Desde Addis Abeba se señala que las condiciones de seguridad impidieron el voto, mientras que el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) denuncia el incumplimiento del proceso de desmovilización y reintegración. En Amhara, las milicias Fano boicotearon el proceso y, según la ONG Acled, protagonizaron al menos 90 enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el día de la votación. En Oromía, el Ejército de Liberación Oromo (OLA) también perturbó la jornada. A esto se suma que 143 centros electorales no abrieron en todo el país por motivos de seguridad.

La oposición, fragmentada y sin recursos, denunció un clima de intimidación y falta de equidad. El partido Ezema, principal alternativa, apenas presentó 293 candidatos frente a los 461 del partido oficialista, y en 64 circunscripciones el PP no tuvo rival. Merara Gudina, líder opositor que se negó a participar, calificó la elección de “farsa” ante la agencia Associated Press, mientras que candidatos que sí compitieron afirmaron no haber tenido oportunidades reales. La misión de observación de la Unión Africana —con una presencia limitada, sobre todo en la capital— otorgó cierta legitimidad al proceso, pero reconoció el “difícil contexto de seguridad” que afectó a varias regiones. Desde Washington, el analista Cameron Hudson, exfuncionario del Departamento de Estado, advirtió que “los riesgos son reales y están impulsados por ambas partes” en referencia a las tensiones entre Addis Abeba y el TPLF, y al posible realineamiento con Eritrea, país que ha comenzado a acercarse a las autoridades tigrayas tras el deterioro de sus relaciones con Etiopía.

Abiy Ahmed, de 49 años, llegó al poder en 2018 con un discurso reformista que incluyó la liberación de presos políticos y la paz con Eritrea, lo que le valió el Nobel de la Paz en 2019. Sin embargo, su mandato ha derivado hacia un creciente autoritarismo: detenciones de opositores y periodistas, cierre de medios y una guerra civil que devastó Tigray han marcado el último lustro. La exclusión electoral de esa región, sumada a la persistente violencia en Oromía y Amhara, alimenta el temor a un nuevo conflicto que, según analistas en Europa y África, podría arrastrar a Eritrea e incluso al vecino Sudán, donde Addis Abeba ha sido acusada —aunque lo niega— de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido. El escrutinio internacional se centra ahora en si el gobierno de Abiy revertirá la deriva autoritaria o profundizará la fractura del segundo país más poblado de África.