En una habitación modesta de Daca, el certificado que acredita haber superado el 45º examen del Servicio Civil de Bangladesh (BCS) cuelga enmarcado desde hace siete meses. Abajo, en un cajón, se apilan los recibos de las últimas tutorías particulares que el joven abandonó convencido de que la publicación de la gaceta oficial era inminente. Hoy la cuenta bancaria está vacía y el teléfono solo muestra el silencio de la administración. No es un caso aislado: 2.500 aspirantes que aprobaron las durísimas pruebas preliminar, escrita y oral de dos convocatorias distintas esperan aún la notificación que transforma una recomendación en un puesto de trabajo.

La parálisis tiene un efecto dominó que los propios candidatos describen con amargura. Muchos de ellos, ante la incertidumbre, se presentaron también al 47º BCS y volvieron a obtener una plaza. La norma les obligaría a liberar uno de los dos asientos, pero sin gaceta que formalice el primer nombramiento nadie se atreve a soltar la única certeza que poseen. El resultado, según denuncian colectivos de opositores en la prensa local, es que entre 200 y 300 codiciados puestos de primera categoría podrían quedar perpetuamente vacíos. El ministro de Administración Pública ha asegurado que el Gobierno trabaja para agilizar las verificaciones policiales, pero no ha ofrecido una fecha.

El sur de Asia vive estos días una extraña sincronía de expedientes atascados. A 1.500 kilómetros de Daca, en Nueva Delhi, el Tribunal Supremo examina un recurso contra la nueva política lingüística de la Junta Central de Educación Secundaria (CBSE). A partir del curso 2026-27, los alumnos de noveno grado deberán estudiar una tercera lengua nativa de la India y aprobar una evaluación interna para obtener el certificado de secundaria. Los demandantes, representados por familias y estudiantes, califican de “injusto” que se exija a adolescentes empezar súbitamente un idioma nuevo mientras preparan los exámenes finales de décimo. La CBSE, en su escrito de réplica, reconoce que puede haber escasez de profesores y propone como solución provisional contratar a docentes jubilados y a postgraduados “con competencia funcional”.

Desde Moscú, el Ministerio de Educación ruso ha tenido que salir al paso de otra angustia burocrática: la admisión al décimo curso. Las escuelas pueden rechazar a un alumno si no hay plazas, pero las autoridades locales están obligadas a reubicarlo en otro centro. La norma, que entrará en vigor en septiembre de 2027 junto con un nuevo estándar educativo, genera inquietud entre padres que ven cómo el derecho constitucional a la educación media completa se topa con la realidad de los cupos. En Brasilia, mientras tanto, las agencias de empleo ofrecen 1.272 vacantes con sueldos de hasta 4.000 reales, pero el acceso exige navegar aplicaciones digitales y registros que no siempre son ágiles.

En un servidor del Consejo Nacional de Investigación y Formación Educativa de la India ya están disponibles los primeros manuales digitales de hindi, sánscrito, maratí y urdu para el nuevo plan de estudios. Son archivos impecables, alineados con la ambición multilingüe de la Política Nacional de Educación, que esperan ser descargados mientras los jueces deliberan y los jóvenes de Daca siguen mirando el certificado en la pared, ese papel que lo acredita todo menos el día en que empezarán a trabajar.