La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha abierto una pesquisa para identificar a los funcionarios que filtraron a la prensa información sobre presuntas vulnerabilidades de seguridad del Boeing 747-8 donado por Qatar y utilizado por el presidente Donald Trump como Air Force One. En el marco de esa investigación, el Departamento de Justicia emitió citaciones judiciales a tres periodistas del New York Times para que testifiquen ante un gran jurado federal sobre sus fuentes, una medida que el diario ha recurrido ante un tribunal de Manhattan por considerarla un acto de represalia contra la libertad de prensa.

Desde la Casa Blanca se sostiene que las revelaciones ponen en peligro la seguridad del presidente, de su equipo y de los periodistas que lo acompañan, y se ha instruido al FBI para que tome todas las medidas legales necesarias. El director de la agencia, Kash Patel, y la jefa de gabinete, Susie Wiles, dirigen personalmente las diligencias, que incluyen la solicitud de acceso a los teléfonos móviles de pasajeros y agentes del Servicio Secreto que viajaron con Trump a la cumbre de la OTAN en Ankara. El Departamento de Justicia, por boca del fiscal general en funciones Todd Blanche, ha defendido las citaciones argumentando que los periodistas no son el blanco de la investigación, sino testigos materiales en una causa que apunta a empleados gubernamentales sospechosos de divulgar información clasificada.

El detonante de la controversia fue la publicación de dos reportajes en los que se afirmaba que el avión qatarí carecía de algunos sistemas defensivos avanzados —como contramedidas antimisiles— presentes en el modelo anterior del Air Force One, y que el Servicio Secreto recomendó a Trump utilizar la aeronave antigua en el trayecto de regreso desde Turquía por precaución, en un contexto de renovadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Trump negó que el cambio obedeciera a motivos de seguridad y lo atribuyó a la nostalgia. Analistas en Bruselas y Ankara observan que el episodio se produce en un momento de fricciones dentro de la alianza atlántica, mientras que desde Doha no ha habido pronunciamiento oficial sobre el uso del aparato, valorado en 400 millones de dólares y pintado con una franja azul marino, roja y dorada que rompe con la estética tradicional de la flota presidencial.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, tanto en Estados Unidos como en América Latina y Europa, han advertido que la ofensiva judicial contra los reporteros del Times representa una escalada en la estrategia de la administración Trump para acallar filtraciones mediante la coerción a la prensa. La decisión revierte una política de la era Biden que limitaba la capacidad de los fiscales para incautar comunicaciones de periodistas. El caso se dirime ahora en un tribunal federal de Nueva York, donde el diario ha solicitado la anulación de las citaciones, mientras el FBI prosigue las entrevistas a quienes viajaron en el avión presidencial y el Senado evalúa la confirmación de Blanche como fiscal general.