La administración de Donald Trump confirmó la imposición de un arancel adicional del 25% sobre una amplia gama de productos brasileños, que comenzará a aplicarse el 22 de julio. La decisión, resultado de una investigación de un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, afecta a aproximadamente US$7.200 millones en exportaciones, equivalentes al 18,9% de las ventas brasileñas a ese país en 2025. Quedan exentos bienes estratégicos como el café, la carne bovina, el petróleo y la celulosa, mientras que el etanol, las máquinas agrícolas, el calzado, el vestuario y los productos químicos figuran entre los más golpeados. São Paulo y Santa Catarina concentran el 52% del impacto, según la agencia ApexBrasil.

Washington justifica la medida alegando prácticas comerciales desleales de Brasil en áreas como el sistema de pagos Pix, el acceso al mercado de etanol, la protección de la propiedad intelectual y el combate a la deforestación ilegal. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, celebró la tarifa y acusó a Brasil de reducir las exportaciones de etanol estadounidense en más del 87% desde 2018. Desde Brasilia, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechaza esos argumentos y los califica de políticamente motivados. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó que “no cabe hablar de represalia”, pero que se evalúan mecanismos de reciprocidad previstos en una ley aprobada por el Congreso. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) propuso una misión de emergencia para mitigar los efectos, mientras la ApexBrasil anunció un plan de R$130 millones para diversificar mercados hacia Europa y Asia.

El tarifazo se inserta de lleno en la campaña electoral brasileña. El presidente Lula declaró que solo se pronunciará cuando Trump lo haga y prometió una “guerra de narrativas”. El secretario de Estado Marco Rubio acusó a Lula de no negociar “de buena fe”, lo que el canciller Mauro Vieira tildó de “inaceptable y ofensivo”. El precandidato opositor Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, viajó a Washington para pedir un aplazamiento y ahora atribuye la culpa al gobierno, mientras el oficialismo lo acusa de colaborar con la sanción. Encuestas recientes indican que la mayoría de los brasileños responsabiliza a Flávio Bolsonaro por el tarifazo, lo que podría beneficiar electoralmente a Lula.

En el trasfondo de la disputa comercial subyace la pugna por los minerales críticos. Durante las negociaciones, Washington solicitó a Brasil que limitara las inversiones de actores “extrahemisféricos” —en alusión a China— en el sector de tierras raras, donde el país sudamericano posee la segunda mayor reserva mundial. Brasil rechazó la propuesta por considerarla una injerencia en su soberanía. El episodio revela que la ofensiva arancelaria trasciende lo comercial y se enmarca en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China por las cadenas de suministro de tecnologías limpias y defensa.

El próximo hito será la entrada en vigor de la tarifa el 22 de julio, con un período de gracia hasta el 29 de julio para mercancías ya embarcadas. Además, se espera para los días siguientes la decisión de Washington sobre una segunda investigación que podría añadir un arancel del 12,5% por supuestas fallas en el combate al trabajo forzado. El gobierno brasileño mantiene abiertos los canales de negociación, pero en Brasilia se asume que cualquier flexibilización sustancial difícilmente llegará antes de las elecciones de octubre.