El Departamento de Justicia de Estados Unidos remitió el 7 de julio una carta a las autoridades electorales de los cincuenta estados y del Distrito de Columbia en la que advierte de posibles procesos penales si permiten que no ciudadanos voten o figuren en los registros electorales. La comunicación, firmada por la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, concede un plazo de cinco días para que cada estado detalle cómo cumplirá las leyes federales de elegibilidad del votante y cómo mantendrá «listas limpias». Según el portavoz del Departamento, la medida busca garantizar que solo los ciudadanos participen en comicios federales, una práctica que los estudios especializados califican de extremadamente infrecuente.

Desde las administraciones estatales, la reacción ha sido de rechazo frontal. La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, calificó la misiva de «comportamiento verdaderamente extraño» y denunció que se trata de una exigencia de datos privados de votantes que al menos once tribunales federales de distrito ya han declarado ilegal. Los secretarios de Estado de Michigan y Nevada, Jocelyn Benson y Francisco Aguilar, confirmaron haber recibido la misma notificación. En paralelo, el Departamento de Justicia ha demandado a una treintena de estados por resistirse a entregar los censos electorales sin editar, aunque hasta la fecha los tribunales han desestimado sistemáticamente esas peticiones.

El pulso se produce mientras el presidente Donald Trump condiciona la firma de un proyecto de ley bipartidista de vivienda a la aprobación previa de la ley SAVE America, que exigiría una prueba documental de ciudadanía para registrarse y una identificación con fotografía para votar. Desde la óptica de legisladores republicanos críticos con la iniciativa, como los exgobernadores y excongresistas que firman un análisis en Time, la propuesta genera un problema práctico: millones de ciudadanos —mujeres casadas cuyo nombre no coincide con el certificado de nacimiento, jóvenes sin pasaporte o trabajadores con dificultades para desplazarse— podrían quedar excluidos del censo. Estos mismos sectores subrayan que la Constitución reserva a los estados la administración electoral y que sistemas como el de Wisconsin ya imponen requisitos estrictos de identificación sin necesidad de una nueva ley federal.

La ofensiva sobre el voto de no ciudadanos ha tenido una concreción inmediata con la detención, el 1 de julio, de Denise Nataly Migliore, una residente permanente australiana de 51 años en Luisiana, acusada de haberse inscrito y votado ilegalmente en las elecciones federales de 2022 y 2024. El presidente Trump difundió la noticia en su red social y la administración advirtió de que «encontraremos, arrestaremos y deportaremos» a los extranjeros que voten. Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de endurecimiento de los controles documentales: las autoridades migratorias estadounidenses exigen un pasaporte con al menos seis meses de vigencia para ingresar al país y pueden denegar la entrada a residentes permanentes con antecedentes penales, mientras que España ha reforzado la verificación de pasaportes de ciudadanos ecuatorianos, colombianos y venezolanos, y la Unión Europea aplica el requisito de tres meses de validez tras la salida del espacio Schengen. El Departamento de Justicia mantiene abierta la vía de la negociación voluntaria con los estados, pero los fallos judiciales adversos y la resistencia de los funcionarios electorales anticipan una prolongada batalla legal.