El precio de los cuidados de larga duración se ha convertido en un indicador de presión social en las economías avanzadas. En Alemania, el coste medio mensual de una plaza en residencia de ancianos alcanzó los 3.364 euros en el primer año de estancia, un incremento de 256 euros respecto al ejercicio anterior, según datos recogidos por la prensa alemana. Esta subida, cercana al 8%, obliga a muchas familias a recurrir a ahorros, a la asistencia social o a preguntarse si los hijos deberán responder patrimonialmente. El fenómeno no es aislado: en Estados Unidos, un estudio del Instituto de Políticas Públicas de AARP documentó un alza de casi el 50% en los costes de cuidado de largo plazo entre 2019 y 2024, un ritmo que ha superado con creces el crecimiento de los ingresos de los hogares de clase media.

La demografía explica en buena medida la urgencia. Las proyecciones internacionales sitúan a la población mayor de 60 años en 1.400 millones hacia 2030, con el segmento de más de 80 años creciendo aún más rápido. Mantener la ratio actual de cuidadores exigiría aumentar la fuerza laboral del sector en más del 60% de aquí a 2040, un salto que los sistemas sanitarios, desde la óptica de la OCDE, no parecen capaces de absorber. En Italia, el Observatorio Domina calcula que harán falta al menos 200.000 asistentes domiciliarios adicionales solo para conservar el nivel de atención presente. Esta brecha está impulsando un mercado global de robots de asistencia que ya superó los 3.100 millones de dólares en 2025 y que, según estimaciones recogidas por la prensa italiana, podría rozar los 13.000 millones en 2035. En residencias de Seúl, muñecos robóticos con voz infantil recuerdan a los ancianos que tomen su medicación; en Shenzhen y Chongqing, humanoides como Xia Lan y PeiPei bailan y conversan con internos, mientras en Occidente los robots de apoyo físico para traslados cama-silla avanzan empujados por la escasez de personal.

Paralelamente, la investigación en longevidad y neurotecnología genera expectativas y controversias. La start-up israelí Hemispheric, tras seis años de trabajo discreto, ha recaudado 52 millones de dólares para entrenar un modelo de inteligencia artificial, Descartes, con más de 250.000 horas de electroencefalogramas de 100.000 voluntarios en Israel, Estados Unidos y Filipinas. La empresa, que emplea a 112 personas, busca convertir la actividad eléctrica cerebral en información clínica útil para detectar depresión, estrés postraumático o signos tempranos de deterioro cognitivo, aunque aún no ha obtenido las autorizaciones regulatorias para su uso en consulta. En el ámbito antienvejecimiento, un reportaje desde Nueva York y Los Ángeles describe un sector pujante donde conviven terapias sin respaldo en evidencia humana —ozono, hidrógeno inhalado, camas de desbloqueo de chi— con centros que ofrecen resonancias de cuerpo entero, plasmaféresis e infusiones de NAD+, una coenzima que la endocrinóloga Katherine Samaras califica como “un completo desperdicio de dinero”.

La presión financiera alcanza también a las familias que intentan costear la educación universitaria de los hijos sin descapitalizar su jubilación. Desde Sídney, un asesor financiero plantea que trabajar unos años más puede ser la palanca de mayor impacto: cubrir 100.000 dólares de matrícula con un ahorro anual de 25.000 exigiría, en un cálculo simplificado, cuatro años adicionales de vida laboral. Mientras, en el plano de las infraestructuras, la aprobación por el regulador estadounidense de un satélite de Reflect Orbital para reflejar luz solar sobre paneles solares nocturnos abre un debate sobre la viabilidad de vender luz como recurso, una propuesta que ha despertado el interés de Dubái y las críticas de cronobiólogos por su posible impacto en los ritmos circadianos de personas y fauna. El siguiente hito a observar será la evolución regulatoria de estas tecnologías de asistencia y neurodiagnóstico, así como la respuesta de los sistemas públicos de salud a una factura que no deja de crecer.