El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el jueves una licencia general que suspende temporalmente las restricciones financieras impuestas a Venezuela para todas aquellas transacciones relacionadas con las operaciones de auxilio tras los dos terremotos que sacudieron el país la noche del miércoles. La autorización, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y permite movimientos de capital que, de otro modo, estarían prohibidos por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela. Según el texto oficial, la medida no implica el desbloqueo de bienes congelados ni autoriza actividades que sigan vedadas por otras órdenes ejecutivas, lo que, desde la óptica de analistas en Washington, configura una ventana humanitaria acotada y no un giro en la política de presión económica.

La decisión se produce en un contexto de devastación sísmica de gran magnitud. De acuerdo con los balances de las autoridades venezolanas, los dos sismos —de 7,2 y 7,5 grados, con epicentro en el estado de La Guaira— han causado al menos 589 fallecidos, cerca de 3.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos, según registros ciudadanos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y agradeció públicamente al presidente Donald Trump “la solidaridad con el pueblo de Venezuela”. Desde Caracas, fuentes diplomáticas confirmaron que el Gobierno solicitó formalmente apoyo estadounidense, lo que dio cobertura a un inusual despliegue militar: el Comando Sur envió al teniente general Joseph Jarrard para coordinar sobre el terreno las tareas de rescate y la distribución de ayuda, mientras aeronaves militares trasladan equipos desde Honduras.

En paralelo, Washington anunció un paquete de asistencia por 150 millones de dólares: 100 millones canalizados a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones para operaciones directas. La cooperación internacional se ha activado con rapidez. Desde América Latina, Brasil despachó un avión KC-390 con 36 bomberos y nueve toneladas de insumos, y Colombia envió un contingente de 63 especialistas con perros de rescate. Equipos de Chile, México, El Salvador y varios países europeos ya se encuentran en la zona, mientras España reportó cuatro ciudadanos fallecidos y más de un centenar sin localizar. La Unidad de Monitoreo Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que la probabilidad de que el número de víctimas mortales se sitúe entre 10.000 y 100.000 es del 44%, lo que subraya la urgencia de la respuesta.

La licencia humanitaria se inserta en una relación bilateral marcada por sanciones que, según fuentes del Tesoro, se remontan a 2017 y se endurecieron en 2019 para presionar al entonces presidente Nicolás Maduro, a quien Washington consideraba ilegítimo. Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero pasado y enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York. Desde entonces, la Administración Trump ha concedido permisos limitados para la explotación petrolera bajo el gobierno interino de Rodríguez, lo que en círculos diplomáticos latinoamericanos se interpreta como una flexibilización gradual. La autorización actual, sin embargo, está estrictamente ceñida a la emergencia sísmica y no modifica el resto del entramado sancionador. El dossier queda abierto: la licencia expira en octubre de 2026, mientras las operaciones de rescate continúan y se espera que en los próximos días se precise el alcance definitivo de la tragedia y el volumen de la asistencia internacional.