Un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. restableció este martes la expansión de las deportaciones aceleradas (expedited removal) impulsada por la administración Trump, permitiendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expulse a migrantes indocumentados en cualquier lugar de Estados Unidos sin necesidad de una audiencia judicial. La decisión, adoptada por dos votos contra uno, revoca una orden de una jueza de distrito que en agosto de 2025 había suspendido la medida al considerar que vulneraba el derecho al debido proceso. Los jueces Justin Walker y Neomi Rao, designados por el presidente Donald Trump, conformaron la mayoría; el disidente, Robert Wilkins, fue nombrado por el expresidente Barack Obama.

Desde la óptica del Ejecutivo estadounidense, la ampliación de la expulsión acelerada constituye una herramienta esencial para la política de deportaciones masivas. El asesor jurídico del DHS, James Percival, afirmó que el fallo “reivindica la decisión de aplicar la ley tal como está escrita”. En contraste, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), sostienen que el procedimiento somete a las personas a un sistema “injusto y propenso a errores”, y que la decisión “socava el principio fundamental del debido proceso”. La jueza de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, había documentado casos de migrantes con más de dos años de residencia que fueron incluidos erróneamente en procesos acelerados.

La reactivación de esta política implica que cualquier persona indocumentada que no pueda demostrar una presencia continua de al menos dos años en el país queda expuesta a una deportación sumaria, incluso si fue detenida en el interior del territorio, lejos de la frontera. Hasta ahora, la expulsión acelerada se aplicaba principalmente a quienes eran interceptados cerca de los límites fronterizos o por vía marítima. En paralelo, el Tribunal Supremo emitió el mismo martes un fallo de 6 a 3 que facilita al gobierno tratar a titulares de la residencia permanente legal (green card) como solicitantes de admisión cuando existen sospechas de delitos, aun sin condena firme. La jueza Ketanji Brown Jackson, en su voto disidente, advirtió que la mayoría conservadora entregó al gobierno un “cheque en blanco” para reescribir la ley migratoria.

La política de expulsión acelerada fue creada por el Congreso en 1996 y su aplicación geográfica ha oscilado según la administración de turno. Trump ya había intentado una expansión similar en 2019, que fue revertida por el gobierno de Biden. La decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque no hay anuncios inmediatos al respecto. Mientras tanto, el DHS ha comenzado a instar a los migrantes a acogerse a programas de autodeportación con incentivos económicos, en un contexto de endurecimiento general de los canales migratorios legales, según han documentado analistas jurídicos en Washington.