Una controversia diplomática enfrenta a Ghana y Sudáfrica tras la muerte de un ciudadano ghanés en Ciudad del Cabo, en un contexto de creciente tensión migratoria. El Ministerio de Asuntos Exteriores ghanés afirmó que Bashiru Isak, de 40 años, fue abatido a tiros el 30 de junio en el municipio de Khayelitsha durante manifestaciones antiinmigrantes vinculadas a ataques xenófobos. Sin embargo, el Servicio de Policía Sudafricano (SAPS) sostiene que la víctima, identificada como Kwabena Boagen, de 35 años, fue asesinada el 29 de junio en un salón de belleza de Nyanga, en un incidente que las autoridades califican de extorsión y desvinculan de las protestas. La discrepancia sobre la fecha, el lugar y el móvil ha escalado hasta convertirse en un cruce de acusaciones sobre la veracidad de la información difundida por ambas partes.

Desde Acra, el gobierno ghanés condenó el hecho como un “acto de violencia sin sentido” y exigió una investigación “completa, transparente y rápida” que conduzca a la detención de los responsables. La Alta Comisión en Pretoria presentó una protesta formal ante el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación sudafricano y una denuncia policial. Además, el ejecutivo ghanés recordó que ya había elevado una petición a la Comisión de la Unión Africana por los repetidos episodios de xenofobia y urgió al organismo continental a tratar el asunto con prioridad en su próxima reunión estatutaria. Paralelamente, se iniciaron los trámites para repatriar el cuerpo y se instó a los ghaneses que permanecen en Sudáfrica a extremar la vigilancia.

Por su parte, la ministra sudafricana de Justicia y presidenta del Comité Interministerial de Migración, Mmamoloko Kubayi, calificó la versión ghanesa de “factualmente incorrecta” y subrayó que las investigaciones policiales apuntan a un delito común sin relación con las marchas. El SAPS precisó que no tiene registro de un homicidio en Khayelitsha en las fechas señaladas y solicitó a las autoridades ghanesas que aporten detalles para esclarecer los hechos. Fuentes diplomáticas sudafricanas expresaron su preocupación por lo que consideran una difusión de “información falsa” que alimenta una narrativa de xenofobia, y recordaron que el ministro de Exteriores ya había advertido a Ghana contra “espectáculos públicos basados en desinformación”.

El trasfondo de esta crisis son las protestas convocadas por los movimientos March and March y Operation Dudula, que fijaron el 30 de junio como fecha límite para que los extranjeros indocumentados abandonaran el país. Miles de personas marcharon en varias ciudades, en su mayoría sin incidentes graves, aunque se produjeron arrestos por delitos migratorios y saqueos. Según datos de las fuerzas de seguridad sudafricanas, más de 25.000 personas —entre ellas cientos de ghaneses— han abandonado el país en las últimas semanas, en medio de repatriaciones organizadas por Malaui, Nigeria y Zimbabue. Analistas en seguridad africanos señalan que, si bien el intercambio de reproches es habitual en este tipo de crisis, la disputa refleja la sensibilidad de un fenómeno que la Unión Africana aún no ha logrado encauzar mediante mecanismos multilaterales. Las investigaciones policiales continúan abiertas y se espera que el caso sea abordado en los próximos encuentros diplomáticos bilaterales y en la sesión estatutaria de la UA.