El Tribunal de Justicia de São Paulo confirmó la condena al Estado y a una autarquía sanitaria por un error de diagnóstico que llevó a un paciente de 87 años a vivir nueve meses bajo la creencia de que padecía un cáncer de páncreas terminal. La decisión, adoptada por la 11.ª Cámara de Derecho Público, elevó la indemnización por daño moral de 10.000 a 50.000 reales, que serán destinados a los herederos del hombre, fallecido durante el proceso. Según consta en los autos, el diagnóstico se emitió sin agotar los medios de investigación disponibles: no se realizaron exámenes de imagen concluyentes y solo una visita domiciliaria del equipo de cuidados paliativos, al notar la estabilidad clínica del paciente, motivó una nueva tomografía que descartó la neoplasia. El relator del caso subrayó que el sufrimiento psíquico y físico impuesto —crisis de ansiedad, miedo constante a la muerte, pérdida de movilidad— no quedaba contemplado por la cuantía inicial.

En paralelo, desde el ámbito legislativo europeo se impulsa una reordenación de los itinerarios asistenciales para patologías oncológicas de baja prevalencia. Durante un encuentro en el Senado italiano, promovido por el senador Guido Quintino Liris, se presentó un documento de posición sobre tumores neuroendocrinos que identifica cinco prioridades para el Servicio Nacional de Salud. El texto, respaldado por sociedades científicas y asociaciones de pacientes, advierte que la fragmentación de las pruebas diagnósticas, la inespecificidad de los síntomas y las desigualdades territoriales retrasan la identificación de los casos y el acceso a centros especializados. El ministro de Salud, Orazio Schillaci, reconoció en un mensaje que es necesario fortalecer recorridos multidisciplinarios y homogéneos para transformar la innovación terapéutica en un beneficio equitativo. La propuesta busca reducir los retrasos diagnósticos y garantizar una toma en carga continua, en un contexto donde estos tumores representan menos del 0,5 % de las neoplasias malignas pero exigen seguimiento prolongado.

La dimensión económica de la atención oncológica se manifiesta con crudeza en el sudeste asiático. Un paciente malasio de 54 años, Brema, diagnosticado con cáncer renal avanzado con metástasis pulmonar y ganglionar, recibió en 2021 un pronóstico de seis meses de vida. Tres años después, continúa en tratamiento, pero la siguiente fase —que incluye crioablación en un hospital de Guangzhou, China— tiene un costo estimado de 70.000 ringgit, inasumible para él, que depende de una pensión por invalidez y de ayudas sociales. La primera fase del tratamiento, ya completada, fue financiada mediante una colecta organizada por un amigo. Ahora, la campaña “Brema’s Cancer Fund 2” busca reunir los fondos para la intervención programada a finales de julio. La situación ilustra cómo, incluso cuando existen opciones terapéuticas, la capacidad económica del paciente condiciona el acceso efectivo a la supervivencia.

Los tres episodios comparten un sustrato común que especialistas latinoamericanos y europeos sitúan en la detección precoz. Una encuesta del centro oncológico A.C.Camargo en Brasil reveló que, aunque el 80 % de los entrevistados considera grave la presencia de sangre en las heces, casi la mitad de quienes notaron ese síntoma no buscó atención médica. El mismo estudio mostró que dos tercios de la población desconoce la existencia del test inmunoquímico fecal, una herramienta de cribado con sensibilidad superior al 95 % que el sistema público brasileño planea ofrecer a personas de 50 a 75 años. Mientras en São Paulo los casos en menores de 50 años crecieron casi un 3 % anual entre 2000 y 2023, el nuevo protocolo nacional de rastreo busca invertir la tendencia. La confluencia de errores evitables, barreras económicas y déficits de información dibuja un mapa de desafíos que las políticas sanitarias de distintas latitudes intentan abordar con reformas normativas, protocolos de cribado y, en los casos más extremos, con la solidaridad ciudadana.