En un tribunal federal de Miami, la magistrada Enjoliqué Lett ordenó al presidente Donald Trump la entrega de registros financieros solicitados por la BBC en el marco de una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares. La decisión, que puede ser apelada, obliga al fideicomiso revocable del mandatario a revelar documentos que la corporación británica considera esenciales para evaluar el presunto perjuicio económico causado por un documental de Panorama sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La defensa de Trump calificó los requerimientos de “opresivos” y acusó a la BBC de una “expedición de pesca”, mientras que los abogados de la cadena denunciaron una producción de pruebas “completamente unilateral”: 87.000 páginas entregadas por la BBC frente a solo 735 páginas, en su mayoría artículos de prensa, aportadas por la parte demandante. La jueza también autorizó citaciones a figuras del entorno presidencial —incluidos Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Jared Kushner y Steve Bannon—, aunque advirtió que el alcance de la información requerida podría acotarse.

En paralelo, el fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó ante el Comité Judicial del Senado que el Departamento de Justicia aún considera vigente el acuerdo de inmunidad que blinda a Trump y a sus hijos mayores frente a acciones civiles y penales del IRS y otras agencias. Esta postura contradice el fallo de la jueza Kathleen M. Williams, quien en julio determinó que el pacto nunca debió alcanzarse por no existir partes realmente opuestas y ordenó no invocarlo en procedimientos oficiales. Blanche sostuvo que el departamento “está revisando” la orden judicial y que la magistrada “reconoció que no puede invalidar el acuerdo”. Desde el Capitolio, el senador republicano John Cornyn condiciona su voto a la modificación del convenio, en particular por la eliminación de un fondo de 1.776 millones de dólares creado en el marco del litigio. La confirmación de Blanche pende de un margen estrecho: tras el fallecimiento del senador Lindsey Graham, un solo voto republicano en contra podría frustrarla.

En Nueva York, la defensa de Trump intenta recuperar los 5,6 millones de dólares que E. Jean Carroll ya recibió el 9 de julio de una cuenta de custodia judicial, tras el veredicto que declaró al presidente responsable de abuso sexual y difamación. Los abogados del mandatario solicitaron una medida cautelar de emergencia ante el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito, a la espera de que la Corte Suprema reconsidere su negativa a revisar el caso. Argumentan que la inminente apelación en el litigio paralelo por 83,3 millones de dólares —donde se invoca la inmunidad presidencial por declaraciones oficiales de 2019— podría alterar la admisibilidad de pruebas en el primer juicio. Los letrados de Carroll replican que el acuerdo entre las partes no contemplaba una petición de reconsideración y que el presidente “ha perdido ante un jurado, el tribunal de distrito, un panel unánime del Segundo Circuito, el pleno de ese circuito y la Corte Suprema”.

Desde la óptica de analistas en Bruselas, la simultaneidad de estos frentes judiciales ilustra la tensión entre la doctrina de inmunidad presidencial y los mecanismos de rendición de cuentas. En el caso de la BBC, la corte aún debe pronunciarse sobre la solicitud de desestimación total, basada en que el documental no se emitió en Estados Unidos. Mientras, el Comité Judicial del Senado prevé votar la nominación de Blanche la próxima semana, y la Corte Suprema no tiene un plazo fijo para decidir si reconsidera el caso Carroll. La fase de descubrimiento de pruebas en el litigio de Florida avanza con la expectativa de que los nuevos documentos financieros y las comunicaciones del entorno presidencial redefinan el perímetro de la disputa.