Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela fueron detenidos y expulsados de la institución tras ser sorprendidos robando dinero y otros bienes entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos que sacudieron el país la semana pasada. Los hechos ocurrieron en el estado de La Guaira, la zona más devastada por los sismos, y quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales donde ciudadanos indignados enfrentan a los uniformados, les arrebatan fajos de dólares y los rompen en señal de protesta.

Según un comunicado oficial del CICPC, los funcionarios “se desviaron de sus deberes y se aprovecharon de las labores de rescate y asistencia humanitaria” para apropiarse de valores hallados entre las ruinas. El director del organismo, Douglas Rico, calificó la conducta de “indecorosa” y anunció que los agentes serán presentados ante la justicia. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, tachó los actos de “impúdicos, indecentes e inmorales” y prometió “total intolerancia” contra quienes usen el uniforme para cometer delitos en medio de la tragedia. Desde la oposición, el partido Primero Justicia denunció el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen” que, en lugar de preservar vidas, buscan “enriquecerse con la tragedia”.

El doble terremoto del 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, ha dejado un saldo oficial de al menos 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos, aunque la ONU ha sugerido que la cifra real de víctimas podría ser mayor. Mientras equipos de rescate internacionales y voluntarios locales continúan la búsqueda de sobrevivientes, se multiplican los reportes de saqueos tanto por parte de civiles como de miembros de las fuerzas de seguridad. Rescatistas chilenos del grupo Topos denunciaron que militares venezolanos les exigieron repetidamente su documentación y los acusaron de posible espionaje, entorpeciendo las labores. Un brigadista mexicano relató que una reportera de un medio estatal le pidió que agradeciera a la presidenta de su país, a lo que se negó.

La indignación ciudadana no se limita a los robos. Numerosos testimonios recogidos por medios internacionales reflejan una profunda desconfianza hacia la respuesta gubernamental, percibida como lenta, politizada y, en ocasiones, centrada en la propaganda. “Se ve a los bomberos y a Los Topos, pero no se ve al Estado”, declaró un maestro voluntario a la agencia Reuters. El Gobierno, por su parte, atribuye las críticas a campañas de desinformación en redes sociales y ha instado a la población a guiarse solo por canales oficiales.

Los cuatro policías permanecen bajo custodia a la espera de ser procesados, mientras el CICPC agradeció a la ciudadanía las denuncias que permitieron documentar las irregularidades. La investigación sigue abierta y las autoridades insisten en que no tolerarán desvíos de conducta, en un contexto donde la emergencia humanitaria y la búsqueda de desaparecidos —que superan los 46.000 según algunas fuentes— mantienen al país en vilo.