Agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) detuvieron el 17 de junio en San Petersburgo a Ilya Traber, uno de los empresarios más influyentes del noroeste ruso, junto con su socio Vladimir Danilenko. Ambos fueron trasladados a Moscú y acusados del asesinato por encargo del diputado municipal y empresario Alexander Petrov, abatido por un francotirador en 2020. El tribunal Basmanny de la capital ordenó prisión preventiva por dos meses para Traber y para Alisultan Nadirbegov, señalado como el presunto autor material. La operación, ejecutada por agentes llegados expresamente desde Moscú, rompió décadas de aparente intocabilidad.

Traber, de 75 años, construyó su fortuna desde finales de los años ochenta con el comercio de antigüedades —de ahí su apodo, Antikvar— y luego se expandió al negocio portuario y de hidrocarburos, controlando terminales clave en el Báltico. Su nombre aparece en investigaciones judiciales españolas que lo identifican como uno de los líderes de la organización criminal Tambov, un caso que en 2008 destapó las ramificaciones de la mafia rusa en Europa. La Audiencia Nacional mantiene una orden de busca y captura contra él, lo que añade una dimensión transfronteriza al proceso. El Kremlin ha reconocido que Putin conoció a Traber en los años noventa, cuando el actual presidente trabajaba en la alcaldía petersburguesa, pero niega vínculos de amistad o negocios.

La víctima, Petrov, era a la vez socio y rival de Traber en el puerto de Výborg. Según fuentes de la investigación, su relación se había deteriorado y el diputado iba a declarar como testigo en una causa contra el magnate días antes de ser tiroteado en su domicilio. El crimen permaneció estancado casi seis años, hasta que nueva información reactivó las pesquisas. Un detalle que ilustra la maraña de intereses: Traber financió durante años la carrera automovilística del hijo de Petrov, Vitaly, el primer piloto ruso en la Fórmula 1.

Desde la óptica de Moscú, analistas interpretan la detención como un posible reacomodo en el círculo de poder o un mensaje hacia las viejas élites empresariales con pasado controvertido. En Bruselas, el caso reaviva la preocupación por la infiltración del crimen organizado ruso en sectores estratégicos y su proyección internacional, con la requisitoria española como recordatorio de las conexiones que trascienden fronteras. Observadores latinoamericanos señalan paralelismos con episodios en los que figuras blindadas durante años caen abruptamente cuando pierden el paraguas político, lo que sugiere tensiones internas en el Kremlin más que un giro genuino hacia la legalidad.

El futuro judicial de Traber está ahora en manos de la justicia rusa, pero la sombra de la reclamación española podría limitar cualquier eventual liberación o acuerdo extraprocesal. El desenlace no solo definirá el destino de un hombre que encarna la zona gris entre los negocios y el crimen organizado, sino que también ofrecerá pistas sobre la dirección de las luchas intestinas en la élite rusa y la credibilidad de sus instituciones frente a causas con ecos internacionales.