La tragedia ocurrida el pasado 13 de junio en el interior de São Paulo ha conmocionado a Brasil y al mundo. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una estudiante de educación física de 21 años, murió tras ser arrojada desde la Ponte do Esqueleto —un viaducto ferroviario abandonado de 40 metros de altura— durante un salto de rope jump sin que los instructores hubieran enganchado la cuerda de seguridad. Los tres responsables, detenidos y trasladados posteriormente a un centro penitenciario de Guarulhos por riesgo a su integridad, admitieron ante la policía que no supieron explicar el fallo: “Estamos sin entender cómo no lo vimos”, declaró uno de ellos. Imágenes virales muestran el momento en que la joven es llevada en volandas hasta el borde y lanzada al vacío mientras testigos gritan desesperados que falta la cuerda. La víctima había bromeado minutos antes en redes sociales: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar?”, un mensaje que hoy resuena como premonitorio.

Las investigaciones revelan una cadena de negligencias que la Asociación Brasileña de Rope Jump calificó de “grotesca”. No existía un protocolo de verificación final: nadie estaba designado para comprobar el anclaje antes del lanzamiento. Los instructores aplicaron la técnica del “avioncito”, cargando a la joven por brazos y piernas, y omitieron el doble chequeo visual y la medición de la cuerda, pasos elementales en cualquier operación de salto controlado. La desaparición de la cámara GoPro que portaba la víctima y un antiguo vídeo de uno de los arrestados simulando arrojar un cadáver desde el mismo puente —titulado “Deshacerse de un cuerpo”— han añadido indignación y sospechas de contaminación de pruebas. Desde la óptica de analistas en São Paulo, el caso expone la absoluta falta de fiscalización de los deportes de aventura en Brasil, donde actividades como el rope jump se realizaban en esta estructura sin autorización desde hacía años, pese a que el puente ya había sido escenario de un accidente grave en 2023 y de la muerte de una ciclista en 2024.

La respuesta de las autoridades ha sido inmediata pero tardía. Las alcaldías de Limeira y Cordeirópolis, con apoyo del Gobierno federal —propietario del viaducto desde la extinta Ferrovia Paulista—, iniciaron el bloqueo de accesos con maquinaria pesada y estudian la demolición definitiva de la estructura. Mientras, la prensa española y latinoamericana ha puesto el foco en la impunidad con que operaban estos grupos: el diario El Mundo recogía el estupor de los instructores, y La Gaceta detallaba los cinco protocolos ignorados, contrastándolos con los estándares europeos, donde el doble aseguramiento y la supervisión certificada son obligatorios. En paralelo, otra muerte reciente en Maricá —una mujer que cayó al vacío al intentar aplicarse repelente durante una excursión extrema— subraya la vulnerabilidad de los turistas frente a una industria carente de controles.

El proceso judicial avanza con prisión preventiva para los tres acusados, imputados por homicidio culposo, mientras la sociedad brasileña exige una regulación nacional que establezca licencias, inspecciones y responsabilidades claras. Expertos en derecho deportivo de la región advierten que, sin una ley marco, estos escenarios se repetirán. La Ponte do Esqueleto, concebida en los años noventa como parte de un ambicioso proyecto ferroviario nunca concluido, se ha convertido en símbolo de la desidia estatal y del riesgo asumido por jóvenes en busca de adrenalina. Su cierre o demolición no bastará si no se acomete una reforma profunda que proteja la vida por encima del negocio de la aventura.