Una demanda con aspiraciones de acción colectiva presentada esta semana en un tribunal federal de Nueva York acusa a la plataforma de reventa StubHub de incurrir en prácticas de venta “falsas y engañosas” que dejaron a cientos de aficionados sin las entradas que habían adquirido para la Copa del Mundo 2026. Los demandantes, dos residentes de California, pagaron 1.905 y 2.294 dólares respectivamente por boletos para partidos de la fase de grupos que nunca recibieron, pese a haber viajado a las sedes. La acción judicial, que busca además prohibir a StubHub vender entradas del torneo y redistribuir los beneficios entre los afectados, se produce tras semanas de quejas en redes sociales y relatos de familias que gastaron hasta 6.000 dólares en desplazamientos y alojamiento para acabar fuera de los estadios.

Desde la óptica de los demandantes y de asociaciones de consumidores en América del Norte, la crisis revela un modelo de negocio basado en la “venta especulativa”: revendedores sin entradas en su poder las ofertan confiando en adquirirlas más baratas cerca de la fecha del evento, y si los precios suben, cancelan la operación original para recolocarlas con mayor margen. La demanda sostiene que StubHub incumplió su propia garantía “FanProtect”, que promete entradas de sustitución o reembolso completo, y que la empresa “tergiversa su autoridad para vender boletos del Mundial”. Los abogados reclaman una indemnización de al menos cinco millones de dólares y que se reconozca la existencia de “cientos o incluso miles” de compradores en la misma situación.

StubHub, que no ha comentado el litigio en curso, atribuye los problemas a “fallos significativos en la infraestructura de venta de entradas del organizador del evento”. Según la compañía, la nueva aplicación de la FIFA lanzada poco antes del torneo ha generado incidencias en las transferencias que afectan a todas las plataformas de reventa. La FIFA, por su parte, rechaza esa imputación: en un comunicado recogido por medios internacionales, afirma que su sistema funciona “de manera fiable”, que carece de visibilidad y control sobre las transacciones en mercados secundarios y que solo garantiza la validez de las entradas adquiridas por sus canales oficiales, donde aplica un recargo del 30% a cada reventa.

Analistas del sector en Estados Unidos señalan que el caso pone a prueba la regulación de un mercado secundario de entradas que mueve miles de millones de dólares y que, en eventos de altísima demanda como el primer Mundial con 48 selecciones repartido en 16 ciudades de tres países, multiplica los riesgos para el consumidor. La demanda se encuentra en fase inicial y deberá superar el examen de certificación como acción colectiva. Mientras, las asociaciones de aficionados en México, donde también se registraron cancelaciones de último momento, reclaman mecanismos de protección transfronterizos, y en Europa el debate se centra en la responsabilidad de las plataformas digitales cuando actúan como meros intermediarios.