
De Faridpur a Madina: el clamor ciudadano que enfrenta la adicción con cadenas humanas y datos
Mientras en Bangladesh las calles se llenan de pancartas y juramentos, un estudio en Ghana revela que el 45 % de los jóvenes ha consumido sustancias; ambas realidades dibujan un mismo pulso comunitario por la soberanía sanitaria.
Sobre el asfalto de la carretera Mujib, frente al club de prensa de Faridpur, la tarde del 26 de junio se pobló de carteles escritos a mano. «Di no a las drogas», «La conciencia es libertad, una sociedad libre de drogas es fuerza», se leía en bengalí mientras decenas de vecinos sostenían las pancartas bajo un sol que aún apretaba. Una voz se elevó entre el grupo: «Si se corta el suministro de droga, se acabará el consumo». La frase, pronunciada por la activista Shipra Roy, condensaba una lógica tan simple como elusiva, y resonó en esa esquina de Faridpur igual que en otras diez ciudades del país donde, ese mismo día, la plataforma Prothom Alo Trust organizó cadenas humanas para conmemorar el Día Internacional contra las Drogas.
A más de diez mil kilómetros de distancia, en el municipio ghanés de La Nkwantanang-Madina, la misma fecha servía de escenario para una revelación de otra naturaleza. El Centro de Investigación y Consultoría de la Universidad de Estudios Profesionales de Acra, junto con la Comisión de Control de Estupefacientes, presentó los resultados de un estudio basal sobre consumo juvenil. La cifra que quedó flotando en el auditorio fue 45,1 %: casi la mitad de los 1.039 jóvenes encuestados, de entre 15 y 35 años, había utilizado alguna sustancia con fines no médicos. Madina, un suburbio denso y vibrante, concentraba la prevalencia más alta (73,5 %), mientras que el alcohol aparecía como la puerta de entrada más frecuente. Los investigadores subrayaron que la conciencia del problema era alta —el 94,9 % había oído hablar del abuso de sustancias—, pero esa información no se traducía en protección: solo un 6,6 % de los sensibilizados había recibido mensajes de la campaña oficial.
Esa misma semana, en el palacio de Manhyia, en Kumasi, la Sociedad Farmacéutica de Ghana lanzaba una advertencia que enlazaba la vulnerabilidad ante las drogas con una fragilidad estructural más amplia. El presidente del gremio, Paul Owusu Donkor, urgió al gobierno a elevar la producción local de medicamentos del 30 % actual al 70 %, calificando la dependencia de las importaciones como un riesgo para la seguridad nacional. «Si seguimos confiando en las cadenas globales de suministro, estamos comprometiendo nuestra seguridad», afirmó, al tiempo que vinculaba la resistencia antimicrobiana con la circulación de fármacos falsificados en zonas rurales desatendidas. Desde la óptica de los farmacéuticos ghaneses, la batalla contra las sustancias ilícitas y la lucha por la autosuficiencia farmacéutica eran dos caras de una misma moneda: la capacidad de una comunidad para cuidar de sí misma sin depender de flujos externos que, en cualquier momento, pueden interrumpirse o envenenarse.
Ese anhelo de soberanía, aplicado a distintos ámbitos, encuentra ecos en otras geografías. En Sudáfrica, la empresa Qrent promueve la reutilización de equipos informáticos como estrategia comercial que reduce la dependencia de hardware nuevo y mitiga la creciente marea de residuos electrónicos, mientras que en Europa, firmas como CHINT presentan en ferias como Intersolar soluciones de red eléctrica pensadas para resistir las sacudidas de la transición energética. No son respuestas coordinadas, pero comparten un sustrato común: la convicción de que la resiliencia se teje desde lo local, ya sea con un cartel en una carretera secundaria, con un dato estadístico que obliga a mirar de frente a un barrio, o con una cadena de suministro que se niega a ser solo el último eslabón.
En Bagerhat, otra ciudad bangladesí, el mismo 26 de junio, un profesor de matemáticas jubilado llamado Sheikh Mujibur Rahman tomó el micrófono e invitó a los presentes a repetir un juramento. Decenas de voces prometieron mantenerse lejos de las drogas y alertar a otros. Minutos antes, un estudiante de sexto grado en Comilla, Ethan Ahmed, había recibido un disparo en medio de un choque entre bandas que se disputaban el control del narcotráfico. La ceremonia y la bala, tan distantes en el mapa como próximas en el tiempo, dibujan el contorno de una lucha que no se libra solo en los despachos oficiales, sino en el cuerpo de los adolescentes, en el asfalto de las periferias y en la letra temblorosa de una pancarta que alguien sostuvo hasta que el sol se puso.
Cómo la misma historia se cuenta en otros lugares.
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La dependencia de medicamentos importados es una amenaza para la seguridad nacional. Es urgente aumentar la producción local al 70% para proteger la salud pública. El abuso de sustancias entre los jóvenes agrava aún más la vulnerabilidad social.
La drogadicción es una enfermedad social y estatal que exige una guerra declarada. La adicción digital obstaculiza el desarrollo saludable de los niños. Solo el esfuerzo colectivo y la movilización cultural pueden liberar a la sociedad.
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