Esta semana, la justicia de Japón y Brasil emitió condenas por dos homicidios de mujeres que tuvieron como denominador común el contacto previo a través de plataformas digitales. En Tokio, el Tribunal de Distrito sentenció a 16 años de prisión a Kenichi Takano, de 44 años, por apuñalar al menos 55 veces a Airi Sato, de 22, mientras ella transmitía en vivo por una aplicación de streaming. En Brasilia, el Tribunal del Jurado impuso 29 años, 9 meses y 15 días de cárcel a Antônio Ailton da Silva, de 43, por el feminicidio de la conductora de aplicación Ana Rosa Brandão, de 49. Un tercer fallo, dictado en Mar del Plata, condenó a Jorge Leonel Soarez a 3 años y 8 meses por un robo con violencia tras un encuentro pactado por Telegram.

En el caso japonés, la fiscalía había solicitado 20 años, mientras la defensa pedía 9, argumentando que Takano solo pretendía desfigurar a la víctima y que padecía un trastorno del espectro autista que afectaba su control de impulsos. El juez Shunichi Ido reconoció que esa condición pudo haber contribuido indirectamente, pero rechazó la tesis al considerar que el ataque habría sido igualmente incontrolable sin ella. Según la investigación, Takano conoció a Sato en diciembre de 2021 y en dos meses le prestó 2,55 millones de yenes (unos 16.000 dólares), de los cuales ella solo devolvió 30.000 yenes. El acusado había obtenido una orden judicial de reembolso, pero la joven declaró carecer de fondos. El tribunal tuvo en cuenta el estado de acorralamiento psicológico del agresor, aunque calificó el crimen de extremadamente malicioso.

En la capital brasileña, la sentencia se enmarca en la legislación sobre feminicidio. El Ministerio Público del Distrito Federal sostuvo que el acusado eligió a la víctima por su condición de mujer, lo que revela una “elección racional del blanco y explotación consciente de la vulnerabilidad”. Antônio Ailton da Silva, expastor, confesó que seleccionó a Ana Rosa Brandão por su supuesta fragilidad. El día anterior al crimen había agredido y estrangulado a su excompañera y a una amiga de ella. La noche del ataque, abordó a la conductora con el pretexto de una carrera informal; durante el trayecto anunció el asalto, la apuñaló y huyó, aunque fue detenido poco después gracias a testigos. La defensa intentó sin éxito que el delito se recalificara como latrocinio, pero el juez mantuvo la tipificación de feminicidio y ordenó el cumplimiento en régimen cerrado.

El tercer episodio, ocurrido en Mar del Plata en 2014 pero sentenciado ahora mediante juicio abreviado, muestra otra faceta de la violencia facilitada por aplicaciones. Jorge Leonel Soarez acordó una cita por Telegram con otro hombre, a quien luego maniató, asfixió y robó pertenencias, además de obligarlo a gestionar una transferencia bancaria. El tribunal rechazó la versión del acusado, que afirmó esperar encontrarse con una mujer, y lo declaró reincidente, con prisión hasta 2028.

Desde la óptica de analistas jurídicos latinoamericanos, los fallos reflejan un esfuerzo de los sistemas judiciales por abordar la intersección entre tecnología y violencia de género. En Brasil, la aplicación de la figura de feminicidio subraya el reconocimiento del móvil misógino, mientras que en Japón la sentencia incorporó atenuantes vinculados al contexto de la disputa financiera, aunque sin eximir la responsabilidad penal. Los tres casos comparten el patrón de depredadores que utilizan plataformas digitales —de streaming, transporte o mensajería— para seleccionar, contactar o atacar a sus víctimas. Las condenas no son firmes y se espera que las defensas presenten recursos ante instancias superiores en Tokio y Brasilia.