El Tribunal del distrito de Zamoskvoretski, en Moscú, sentenció el 24 de junio a Maksim Kruglov, vicepresidente del partido Yabloko, a siete años de prisión en una colonia de régimen general por difundir «información falsa» sobre las fuerzas armadas rusas. La fiscalía había solicitado ocho años. La condena, basada en el artículo 207.3 del Código Penal, incluye además la prohibición de administrar sitios web durante tres años. El caso se originó por dos publicaciones en Telegram de abril de 2022: una sobre la matanza de civiles en Bucha y otra con datos de la ONU acerca de víctimas civiles en Mariúpol. Kruglov fue detenido en octubre de 2025 y permanece en prisión preventiva desde entonces.

En su última declaración ante el tribunal, el político sostuvo que su motivación siempre fue «el amor a Rusia» y que el proceso penal equipara el disenso político con el odio. «Si la discrepancia se declara odio, lo que queda fuera de la ley no es un acto concreto, sino la posibilidad misma de tener una posición política distinta», afirmó, según reconstruyeron medios independientes. La defensa anunció que apelará un fallo que considera «inmotivado e ilegal». Kruglov subrayó que la acusación situó el supuesto «designio criminal» en 2020, dos años antes de que existiera el tipo penal, y que el móvil de «odio político» —que agrava la pena— no fue probado.

La sentencia se inscribe en una serie de acciones judiciales contra Yabloko, la única formación con registro electoral que se opone abiertamente a la guerra en Ucrania. En Pskov, un tribunal multó al activista Iván Prishchepa por exhibir simbología del equipo de Navalni, lo que, de confirmarse, le impediría participar en las elecciones a la Duma previstas para este otoño. El líder regional de Yabloko, Lev Shlosberg, se encuentra en prisión preventiva acusado de difundir «fake news» sobre el ejército. Según fuentes diplomáticas europeas, más de una decena de miembros del partido han sido sancionados en 2025 y 2026 por la supuesta exhibición de símbolos extremistas, a menudo por fotografías de Alexéi Navalni, pese a que estas no figuran en la lista oficial de simbología prohibida.

Analistas en Bruselas y en capitales latinoamericanas interpretan esta ofensiva judicial como un intento de descabezar a la única fuerza opositora con capacidad legal de concurrir a los comicios, en un contexto en el que, según estas fuentes, el Kremlin procura consolidar un consenso parlamentario monolítico en torno a la campaña militar. La condena a Kruglov, exjefe de la fracción de Yabloko en la Duma municipal de Moscú, se produce después de que el Servicio Federal de Monitoreo Financiero lo incluyera en la lista de «terroristas y extremistas», lo que conlleva la congelación de sus cuentas. La defensa prevé recurrir la sentencia ante instancias superiores, mientras el partido mantiene su actividad pública bajo un cerco legal cada vez más estrecho.