El 28 de febrero, en la primera jornada de la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán, un bombardeo alcanzó la escuela para niñas Shajareh Tayyiba en Minab, al sur del país, y dejó 168 estudiantes y 14 docentes muertos. Según fuentes del Pentágono citadas por medios internacionales, altos mandos militares ignoraron advertencias explícitas en las bases de datos de selección de blancos que señalaban que la información de inteligencia sobre una instalación vecina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) tenía más de una década de antigüedad y requería verificación. El ataque, que inicialmente fue presentado por funcionarios estadounidenses como un golpe a un objetivo militar, ha sido calificado como el incidente con mayor número de víctimas civiles en la historia militar moderna de Estados Unidos.

Desde Washington, la Casa Blanca afirmó que la investigación sigue en curso y reiteró que “Estados Unidos no tiene como blanco a civiles”. El Pentágono remitió las consultas al Comando Central (CENTCOM), que se negó a comentar alegando la pesquisa en marcha. Sin embargo, tres fuentes con conocimiento del proceso de toma de decisiones revelaron a la prensa que los líderes militares supieron en cuestión de días que el error se originó en inteligencia obsoleta. Los medios estatales iraníes difundieron las cifras de víctimas y condenaron el hecho como un crimen de guerra. El presidente Donald Trump sugirió inicialmente que Irán podría ser responsable y más tarde declaró que tal vez nunca se determine la responsabilidad. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, prometió una investigación “exhaustiva”, mientras enfrentaba críticas por los drásticos recortes al programa de Mitigación y Respuesta al Daño Civil (CHMR), que redujo el equipo de especialistas del CENTCOM de diez integrantes a uno solo.

El error de selección del blanco se vio agravado por la urgencia de elaborar listas de objetivos bajo una intensa presión política al inicio de las hostilidades. Los analistas dieron prioridad a la actualización de registros de amenazas móviles y de alto valor, como sitios de misiles, y dejaron sin verificar ubicaciones fijas como la instalación del IRGC, que según imágenes satelitales de 2016 ya estaba separada de la escuela por una valla. Tanto la base de datos heredada MIDB como el sistema con inteligencia artificial MARS marcaron la información como desactualizada, pero los mandos anularon las alertas por razones de “agilidad” operativa. Un sistema de vigilancia independiente había detectado cambios en el lugar, pero ese hallazgo nunca se integró a la base de datos principal ni se comunicó a los responsables de la decisión. Observadores en círculos diplomáticos europeos y latinoamericanos han señalado el episodio como un caso paradigmático de cómo los atajos procedimentales y la reducción de personal pueden debilitar los mecanismos de protección civil en conflictos contemporáneos.

El ataque se produjo en el marco de una campaña más amplia de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada tras el fracaso de las gestiones diplomáticas. Aunque la intensidad de los bombardeos ha disminuido y ambas partes han iniciado contactos exploratorios, el presidente Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con reanudar una ofensiva a gran escala. La investigación interna del Pentágono identificó los fallos en pocos días, pero meses después no se ha divulgado ningún informe público. Asesores del Congreso en Washington han cuestionado en privado la demora, mientras el Ejecutivo solicita casi 88 000 millones de dólares en fondos suplementarios para gastos de guerra. El expediente sigue abierto, la indagación oficial permanece clasificada y no se ha fijado una fecha para su publicación.