La transición de poder en Colombia entró en una fase de ruptura institucional luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenara a su equipo suspender todas las mesas de empalme con la administración de Gustavo Petro. La decisión, comunicada el 7 de julio, responde al desconocimiento público de los resultados de la segunda vuelta presidencial por parte del mandatario saliente y del excandidato oficialista Iván Cepeda, quienes han promovido una narrativa de fraude electoral sin presentar pruebas ante las autoridades competentes. En paralelo, De la Espriella inauguró en Cúcuta, Norte de Santander, una serie de 32 “empalmes regionales” con gobernadores y alcaldes, con el propósito de delinear prioridades de seguridad, infraestructura y reactivación económica al margen del gobierno central.

Desde la óptica del gobierno entrante, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo condicionó el restablecimiento del diálogo a que Petro reconozca explícitamente la victoria de De la Espriella, mientras calificó las declaraciones del oficialismo como un “quiebre de la democracia”. En contraste, el Pacto Histórico, reunido con Petro en la Casa de Nariño, anunció que presentará nuevas demandas de nulidad ante el Consejo de Estado y reiteró el llamado a una “desobediencia civil pacífica”. Iván Cepeda, desde la oposición, denunció la configuración de un “gobierno paramilitar” basándose en los anuncios de creación de bloques de seguridad con reservistas, la reactivación del Esmad y la construcción de megacárceles con participación privada.

Instituciones de control y sectores productivos han reaccionado con llamados a la sensatez. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Contraloría coincidieron en que ningún interés político puede estar por encima de la Constitución y exigieron que la transición se apegue a la Ley 951 de 2005. La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) rechazaron los cuestionamientos sin sustento al proceso electoral, al considerar que afectan la confianza institucional y el clima de inversión. Desde la Registraduría Nacional se desmintieron puntualmente señalamientos de fraude en consulados, como el caso de un supuesto jurado fallecido en Atlanta, aclarando que se trató de un error de digitación en un formulario.

En el plano internacional, la designación de Omar Bula Escobar como canciller perfila un giro en la política exterior. Bula, exfuncionario de Naciones Unidas y crítico del “globalismo”, anunció que buscará alinear a Colombia con la administración de Donald Trump, restablecer relaciones con Israel y mantener un vínculo “pragmático” con China, priorizando los intereses comerciales. En la frontera con Venezuela, el gobierno entrante condicionó la cooperación a los avances del proceso de transición democrática que Washington impulsa en Caracas, mientras declaró objetivos militares a cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, otorgándoles un mes para someterse a la justicia.

El calendario institucional mantiene la posesión presidencial el 7 de agosto, aunque De la Espriella anunció que la ceremonia se realizará en una guarnición militar, rompiendo la tradición de la Plaza de Bolívar. Para el 20 de julio, fecha de instalación del nuevo Congreso, Petro convocó marchas de despedida en Bogotá, mientras el presidente electo asistirá al desfile militar en Medellín. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado deberán pronunciarse sobre las demandas de nulidad electoral, en un contexto donde la comunidad internacional, a través de la CIDH y la ONU, ha sido instada por la oposición a observar el desarrollo de la nueva administración.