La nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico de China entró en vigor el 1 de julio de 2026 con una cláusula que habilita acciones legales contra individuos y grupos fuera de sus fronteras por actos que socaven la “unidad étnica” o inciten al separatismo. Desde Washington, el Departamento de Estado calificó la norma de “problemática” al considerar que obliga a personas en el extranjero a promover la agenda del Partido Comunista o enfrentar represalias. En Bruselas, un portavoz de la Unión Europea advirtió que la ley puede restringir aún más los derechos culturales, lingüísticos y religiosos de las minorías, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió su derogación por considerar que reduce la libertad de los grupos étnicos para hablar su lengua y practicar su cultura y religión.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, rechazó esas críticas como una “difamación maliciosa” y una injerencia en los asuntos internos del país. Según Pekín, la ley busca fortalecer el Estado de derecho para proteger mejor los derechos e intereses de los 56 grupos étnicos reconocidos y fomentar la cohesión nacional. Guo acusó a “ciertos países” de aferrarse a prejuicios ideológicos, fabricar información y cerrar los ojos ante los logros de China en desarrollo socioeconómico y gobernanza de derechos humanos. En esa línea, fuentes oficiales chinas subrayan que los 420 distritos considerados pobres en regiones de minorías étnicas salieron de la pobreza absoluta desde 2021 y que la ley incluye medidas de apoyo a la infraestructura, el crecimiento industrial y el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Para organizaciones como Amnistía Internacional, la legislación institucionaliza políticas de “asimilación forzosa” al imponer el mandarín como lengua oficial desde la primera infancia, obligar a las escuelas a inculcar un fuerte sentimiento de pertenencia al pueblo chino y hacer legalmente responsables a los padres de guiar a sus hijos para que “amen al Partido Comunista y al pueblo chino”. Analistas en Europa y América Latina señalan que la cláusula extraterritorial genera un efecto disuasorio sobre disidentes y activistas en el exilio, quienes podrían autocensurarse por temor a represalias o a perder la posibilidad de regresar a su país. Pekín, por su parte, insiste en que la norma combate el terrorismo violento, el separatismo étnico y el extremismo religioso, y que la preservación de las culturas minoritarias está legalmente garantizada.

En Taipéi, la bancada del Partido Progresista Democrático (PPD) presentó una moción de condena a la ley por considerarla una herramienta de represión transnacional que amenaza la seguridad de los ciudadanos taiwaneses y la soberanía de otros Estados. Sin embargo, los partidos opositores Kuomintang y Partido Popular de Taiwán votaron en contra de incluir la resolución en la agenda legislativa, lo que llevó al PPD a acusarlos de “colaboradores del Partido Comunista Chino”. El Partido Popular de Taiwán replicó que se trató de una cuestión de procedimiento y no de un bloqueo de fondo. La ley ya está en vigor y, por el momento, no se vislumbran pasos concretos en los foros multilaterales para revertirla, aunque se espera que el debate continúe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en las relaciones bilaterales de las potencias occidentales con China.