Al cumplirse el décimo aniversario del laudo arbitral sobre el Mar de China Meridional, catorce países —entre ellos Estados Unidos, Japón, Filipinas, Australia, el Reino Unido, Canadá, Alemania e Italia— emitieron una declaración conjunta en la que reafirman que las amplias reclamaciones marítimas de Pekín carecen de base legal según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El texto, difundido el 12 de julio de 2026, califica la decisión del Tribunal Permanente de Arbitraje como “un hito significativo” y sostiene que es “definitiva, jurídicamente vinculante y obligatoria” para China y Filipinas. De forma separada, la Unión Europea también respaldó el fallo, describiéndolo como una “decisión histórica en la solución pacífica de controversias”.

Desde Pekín, la respuesta fue inmediata y contundente. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino convocó al jefe adjunto de la embajada japonesa para presentar una protesta formal y expresó su “firme oposición” a lo que calificó de injerencia en su soberanía territorial. Un portavoz oficial reiteró que el laudo es “un pedazo de papel sin valor, ilegal y nulo”, y argumentó que el tribunal carecía de jurisdicción porque las cuestiones de soberanía territorial no están amparadas por la convención. Pekín acusó a Estados Unidos y a otros firmantes de militarizar la región mediante el aumento de actividades navales y de utilizar el fallo como pretexto para desestabilizar el Mar de China Meridional. En particular, señaló a Japón por “avivar problemas” y evocó su historial de expansión militar, al tiempo que insistió en que sus derechos históricos sobre las aguas en disputa “nunca han cambiado”.

Desde Taipéi, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China (Taiwán) reafirmó sus “Cuatro Principios” sobre la cuestión, subrayó su compromiso con el derecho internacional y la libertad de navegación, e instó a todas las partes a resolver las controversias por medios pacíficos y mediante el diálogo multilateral. Manila, por su parte, ha convertido el laudo en un pilar de su estrategia jurídica y de disuasión frente a lo que describe como una “invasión progresiva” de Pekín en su zona económica exclusiva. Según analistas en el Sudeste Asiático, en la última década Filipinas ha reforzado sus capacidades para elevar el costo de las incursiones chinas, aunque el fallo no ha logrado frenar la construcción y militarización de islas artificiales por parte de China en los arrecifes en disputa.

El nuevo episodio diplomático se produce en un contexto de fricciones crecientes. Un simposio académico celebrado en Cantón a finales de junio afirmó que las islas Batanes, al norte de Filipinas, constituyen una “extensión geográfica natural de Taiwán” y, por tanto, pertenecen a China, lo que generó inquietud en Manila y fue interpretado por observadores regionales como un globo sonda para ampliar la narrativa territorial de Pekín. Aunque Pekín no ha adoptado formalmente esa postura, el debate ilustra la volatilidad del escenario. Sin un mecanismo de ejecución del laudo y con las partes atrincheradas en sus posiciones, el diferendo continúa siendo uno de los principales focos de tensión en el Indo-Pacífico, sin que se vislumbren negociaciones sustantivas en el corto plazo.