El recién investido primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha dado luz verde a que las fuerzas armadas estadounidenses sigan utilizando las bases británicas de la RAF Fairford y de Diego García para sus operaciones militares contra Irán, según un informe de la agencia Bloomberg confirmado por fuentes gubernamentales en Londres. La decisión, adoptada apenas 48 horas después de su llegada al número 10 de Downing Street, prolonga la controvertida política de su antecesor, Keir Starmer, y responde a la intensa presión ejercida por el presidente Donald Trump para garantizar la continuidad logística de los bombardeos y de la campaña de interdicción marítima en el estrecho de Ormuz.

Desde Washington, la autorización se enmarca en la escalada de las hostilidades reanudadas el pasado 7 de julio, cuando la Casa Blanca rompió el alto el fuego vigente desde abril y ordenó nuevos ataques contra posiciones de misiles y sistemas de defensa aérea iraníes, además de imponer un bloqueo naval. Fuentes de la administración estadounidense califican las misiones como “defensivas” y subrayan que el acceso a Diego García —punto de reabastecimiento para bombarderos de largo alcance— resulta “vital para contrarrestar amenazas a la libertad de navegación y para degradar la capacidad de represalia de Irán”. El propio Trump había criticado duramente a Starmer por demorar los permisos alegando dudas jurídicas, y ahora espera que Burnham evite nuevos obstáculos.

En Teherán, la narrativa oficial denuncia las acciones estadounidenses como una “agresión militar” y un “bloqueo ilegal” que viola el derecho internacional. La cancillería iraní insiste en que sus respuestas con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región se amparan en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y advierte que cualquier ampliación del uso de bases extranjeras convertirá a esos territorios en “objetivos legítimos”. Paralelamente, en el Reino Unido la decisión de Burnham ha reavivado las tensiones internas: diputados laboristas de izquierda, junto con los Verdes y los Liberal Demócratas, sostienen que facilitar las plataformas de ataque convierte al país en “cómplice de crímenes de guerra”, un argumento que ya había llevado al exministro de Exteriores Ed Miliband a intentar disuadir a Starmer en la etapa anterior.

Analistas en Bruselas observan que la continuidad de la política británica disipa, por ahora, el riesgo de una crisis bilateral con Washington, pero coloca a Burnham ante un dilema jurídico y político de primer orden. La legislación británica y el derecho internacional humanitario imponen límites al apoyo a operaciones que puedan afectar infraestructura civil, y las amenazas de Trump de atacar puentes y centrales eléctricas iraníes han encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa. El primer ministro deberá gestionar además la presión de un Partido Laborista dividido, mientras la ofensiva estadounidense se intensifica: el Mando Central ha confirmado nuevos bombardeos nocturnos y el presidente Trump ha advertido que el complejo nuclear de Pickaxe Mountain podría ser el próximo objetivo si no se abre una vía diplomática. La votación parlamentaria sobre el respaldo a la estrategia del Gobierno aún no ha sido convocada, pero se espera que los grupos opositores fuercen un debate urgente en los próximos días.