Andy Burnham asume este lunes como primer ministro del Reino Unido y, en su primera decisión de gobierno, cancela el programa de identidad digital nacional impulsado por su predecesor, Keir Starmer. Un portavoz del nuevo Ejecutivo confirmó que los 1.800 millones de libras previstos para el proyecto se redirigirán a mitigar la crisis del costo de vida, que ha erosionado la popularidad del laborismo. La medida no implica un relajamiento de los controles migratorios: el gobierno mantendrá la verificación obligatoria del derecho al trabajo para todos los empleadores, según el comunicado oficial.

La decisión ha sido recibida con fuertes críticas desde la prensa conservadora británica, que califica el programa económico de Burnham de “fiscalmente irresponsable” y advierte sobre un retorno a políticas socialistas de los años 2000. En particular, se cuestiona su propuesta de crear un “Número 10 Norte” en Manchester —una segunda sede del poder ejecutivo— como una maniobra populista sin sustento. Desde el laborismo, en cambio, se defiende la cancelación del DNI digital como una muestra de que el gobierno estará “centrado como un láser” en reequilibrar la economía y el sistema político, en palabras de la vicepresidenta del partido, Lucy Powell.

En el plano europeo, la llegada de Burnham genera cautela en Bruselas. Aunque el nuevo primer ministro hizo campaña contra el Brexit en 2016 y ha simpatizado con un segundo referéndum, ha descartado cualquier intento de reingresar en la Unión Europea, el mercado único o la unión aduanera. Su estrategia, según analistas en la capital comunitaria, se limita a una “integración selectiva y pragmática” que evite dar munición al líder de la derecha radical, Nigel Farage, cuyo partido Reform UK lidera algunas encuestas. Observadores en París y Madrid señalan que la inestabilidad crónica —Burnham es el séptimo primer ministro en una década— acerca al Reino Unido a las dinámicas políticas del continente.

El nuevo gobierno hereda una economía desacelerada por el conflicto en Irán, unas finanzas públicas tensionadas y el compromiso laborista de no elevar los principales impuestos. Burnham ha insinuado la posibilidad de un impuesto a la riqueza y defiende un “socialismo amigable con las empresas” que combine inversión pública con asociaciones privadas, un modelo que ensayó como alcalde del Gran Mánchester. Sin embargo, sectores financieros dudan de que esa fórmula pueda replicarse a escala nacional. El anuncio del gabinete está previsto para el lunes, con Ed Miliband como posible canciller, y se espera que en las próximas semanas el Ejecutivo presente un proyecto de reforma del sector del agua y medidas para impulsar el crecimiento regional.