El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denegó el 24 de julio las solicitudes de visa de Riley M. Barnes, secretario adjunto del Departamento de Estado, y Samuel Samson, subsecretario adjunto, que proyectaban viajar a Brasilia para reunirse con autoridades electorales a menos de tres meses de los comicios presidenciales. La decisión, confirmada por fuentes oficiales brasileñas, se basó en lo que Brasilia consideró un “riesgo de instrumentalización política”, según indicó un diplomático. El pedido diplomático se formalizó el 20 de julio, un día antes de que el precandidato opositor Flávio Bolsonaro afirmara sin pruebas, en un encuentro con embajadores, que las urnas electrónicas brasileñas estaban relacionadas con la empresa venezolana Smartmatic, extremo desmentido por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Fuentes del Itamaraty señalaron que la solicitud estadounidense mencionaba tratar cuestiones de libertad de expresión vinculadas a la elección, pero la proximidad con el acto de Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encarcelado en régimen domiciliario por una trama golpista— hizo que el gobierno interpretara la misión como una maniobra para sembrar dudas sobre la integridad del sistema de voto. El diario The Washington Post citó a dos diplomáticos brasileños que calificaron la iniciativa de “completamente incompatible con la democracia brasileña”. Desde Washington, el Departamento de Estado confirmó el viaje planeado pero evitó detallar sus objetivos. Funcionarios anónimos de la propia administración estadounidense, recogidos por el mismo periódico, criticaron la operación por usar el poder americano “para minar elecciones confiables en otras naciones por motivos ideológicos”.

El incidente agravó las ya tensas relaciones bilaterales, marcadas por sucesivas imposiciones arancelarias de Estados Unidos a productos brasileños y el respaldo de sectores republicanos al entorno de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, nominado candidato por el Partido Liberal el mismo sábado 25 con la presencia del presidente argentino Javier Milei, ha emulado la estrategia de su padre, quien en 2022 reunió a embajadores para deslegitimar la votación y luego fue declarado inelegible por el TSE. Para la diplomacia brasileña, la secuencia de hechos revela una coordinación con actores externos; el propio TSE confirmó que la embajada estadounidense había solicitado una reunión sin precisar la temática, la cual no se concretó por el receso judicial.

En contraste con el respaldo ofrecido por Estados Unidos a la democracia brasileña en 2022 bajo la presidencia de Joe Biden, la nueva postura es vista por analistas europeos como un giro hacia el intervencionismo electoral. Misiones de observación de la OEA, la Unión Europea y otros organismos multilaterales han ratificado en repetidas ocasiones la fiabilidad del sistema electrónico brasileño, diseñado por técnicos del TSE y auditado públicamente. Ante el panorama, el tribunal electoral planea un nuevo encuentro con embajadores el 17 de agosto para explicar el funcionamiento de las urnas. La campaña para la primera vuelta, fijada el 4 de octubre, avanza en un clima de creciente polarización y escrutinio internacional sobre la integridad del proceso.