El viernes entraron en vigor los aranceles estadounidenses del 10% y 12,5% sobre importaciones de 60 economías que concentran el 99,4% de las compras externas de Estados Unidos. La medida, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, reemplaza los gravámenes temporales que expiraron esa misma jornada y consolida un nuevo régimen permanente tras la anulación por la Corte Suprema, en febrero, de los aranceles del “Día de la Liberación”. El tipo efectivo medio ponderado se sitúa ahora en torno al 12,4%, según el Budget Lab de la Universidad de Yale, muy por encima del 2,7% previo a 2025 pero lejos del pico de 23% registrado en abril. La justificación oficial —la falta de controles suficientes contra el trabajo forzoso— es considerada un pretexto por socios comerciales y analistas en Washington, que ven en ella un intento de reconstruir la barrera arancelaria declarada ilegal.

Desde Bruselas, la respuesta europea combina escepticismo y pragmatismo. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó de infundado el argumento laboral, mientras el ministro sueco de Comercio Exterior, Benjamin Dousa, restó dramatismo al cambio de base legal y confirmó que los acuerdos bilaterales se mantienen. En paralelo, la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur el 1 de mayo ilustra la apuesta europea por la cooperación como contrapeso: la Comisión proyecta un aumento del PIB comunitario cercano a 80.000 millones de euros y hasta 600.000 empleos hacia 2040. En Brasilia, el presidente Lula da Silva calificó los aranceles de “error estratégico” en un artículo en The Washington Post, advirtiendo que interrumpirán cadenas de suministro integradas y encarecerán insumos brasileños para la industria estadounidense. Para México, la exención de los bienes que cumplen las reglas de origen del T-MEC —el 85% de sus exportaciones— mitiga el impacto inmediato, pero analistas en Ciudad de México señalan que la investigación en curso por “exceso de capacidad” bajo la misma Sección 301 amenaza sectores clave como el acero, los automóviles y los semiconductores.

El coste económico para Estados Unidos empieza a cuantificarse. El Budget Lab estima que los aranceles vigentes y anunciados añadirán 0,7 puntos porcentuales al índice de precios al consumo, con alzas de hasta el 4,3% en automóviles y vestimenta, y un empobrecimiento medio de 975 dólares anuales por hogar. El sector manufacturero ganaría un 2,6%, pero la agricultura, la minería y la construcción retrocederían. Mientras, la recaudación aduanera se ha desplomado: en junio fue negativa en 25.600 millones de dólares por las devoluciones forzosas de los aranceles anulados, y el Comité para un Presupuesto Federal Responsable calcula que el fallo de la Corte Suprema restará 1,7 billones de dólares en ingresos en una década. La nueva arquitectura arancelaria ya enfrenta impugnaciones judiciales de pequeñas empresas que lograron tumbar los gravámenes anteriores.

A esta presión comercial se suma un choque energético sin precedentes recientes. Los bombardeos estadounidenses sobre Irán y los ataques de los hutíes a buques sauditas en el mar Rojo han paralizado casi por completo el tránsito por el estrecho de Ormuz —14,6 millones de barriles diarios— y amenazan el paso de Bab el-Mandeb, por donde circulan otros 5,4 millones. El Brent superó los 100 dólares por barril y acumula un alza cercana al 30% en un mes. La combinación de aranceles generalizados y petróleo en tres dígitos configura, desde la óptica de bancos de inversión en Nueva York, un cóctel estanflacionario que reabre el debate sobre una posible subida de tipos por parte de la Reserva Federal. El próximo hito será el avance de la investigación de la Sección 301 por exceso de capacidad, que podría elevar nuevamente las tasas antes de fin de año, y la resolución de los recursos contra los gravámenes recién impuestos.