Dos promotores y un procurador del Ministerio Público del Estado de Pará fueron apartados cautelarmente de sus funciones por la Corregedoria Nacional del Ministerio Público de Brasil, al tiempo que el Ministerio Público de Roraima solicitó el alejamiento inmediato de un delegado de la Policía Civil contra quien se acumulan 47 procedimientos disciplinarios y penales. Las medidas, adoptadas en la primera semana de julio, se sustentan en investigaciones por asociación criminal, corrupción pasiva, abuso de autoridad y misoginia. En el caso de los fiscales, la decisión busca preservar la instrucción de los procesos y resguardar la credibilidad institucional; en el del delegado, la solicitud incluye la suspensión del porte de arma y la prohibición de acceso a dependencias policiales, tras episodios que van desde amenazas a subordinadas hasta un caso de violencia doméstica con medida de protección.

Desde la óptica de las instituciones de control brasileñas, estas acciones reflejan un esfuerzo por romper con décadas de impunidad en las que, según la representación del Ministerio Público de Roraima, los procedimientos contra el delegado “fueron sistemáticamente neutralizados por la prescripción y la decadencia”. Analistas en Brasilia señalan que la acumulación de denuncias sin consecuencias efectivas durante veinte años evidencia un déficit histórico en los mecanismos disciplinarios internos de las fuerzas de seguridad y del propio Ministerio Público, y que la intervención de la Corregedoria Nacional responde a una presión creciente de la sociedad civil y de organismos internacionales para que los operadores de justicia rindan cuentas en condiciones de igualdad.

En paralelo, una sentencia en Ontario, Canadá, reavivó el debate sobre los mínimos obligatorios de prisión. Un juez consideró que aplicar cinco años de cárcel a un hombre con discapacidad intelectual que abusó de su hermana desde que ella tenía doce años constituiría un castigo “cruel e inusual” y le impuso arresto domiciliario. Para expertos jurídicos canadienses, la brecha entre la pena mínima y la condena efectiva es tan amplia que podría enviar un mensaje equivocado sobre la gravedad del incesto y la agresión sexual infantil, aunque reconocen que el fallo incorpora una ponderación de la capacidad cognitiva del acusado. La decisión, susceptible de apelación, contrasta con la tendencia observada en países latinoamericanos como Colombia, donde un hombre fue capturado en Bogotá por abusar de sus tres hijastras y se le impuso medida de aseguramiento intramuros, en un contexto en el que la capital reportó cerca de 40.000 casos de violencia contra menores entre 2024 y 2026, la mitad de ellos de naturaleza sexual.

Casos similares en Italia y Nigeria completan un panorama de respuestas judiciales dispares. En Bolonia, un hombre recibió una medida cautelar con brazalete electrónico por actos persecutorios y omisión de alimentos hacia su excompañera, mientras que en el estado nigeriano de Delta un tribunal condenó a veinte años de prisión a un padrastro por violar a su hijastra de cuatro años. Observadores en Madrid y Ciudad de México advierten que la eficacia de estas decisiones depende menos de la severidad de las penas que de la capacidad de los Estados para investigar, proteger a las víctimas y ejecutar las sanciones. Los procesos disciplinarios en Brasil serán sometidos al plenario del Consejo Nacional del Ministerio Público para su ratificación; en Canadá, la fiscalía evalúa si recurre la sentencia, mientras que en Colombia la Fiscalía continúa la investigación contra el presunto agresor de Usme.