El gobierno de Austria inauguró este miércoles una comisaría de policía en el inmueble de Braunau am Inn donde nació Adolf Hitler el 20 de abril de 1889. La remodelación, con un costo de 20 millones de euros y tres años de retraso, busca, según el Ministerio del Interior austriaco, «despojar al lugar de cualquier mística» y disuadir las visitas de simpatizantes de la extrema derecha. La fachada amarilla original fue sustituida por un revestimiento blanco anodino, y el único distintivo visible es el rótulo de «Policía»; en la acera permanece una piedra del campo de concentración de Mauthausen con la inscripción «Nunca más el fascismo».

Desde la óptica del gobierno de Viena, la conversión en dependencia policial —con unos 50 agentes y videovigilancia— impide cualquier conmemoración del nacionalsocialismo y permite controlar a quienes merodeen el lugar. El alcalde de Braunau, Johannes Waidbacher, afirmó que la población «en general lo ha aceptado y puede convivir con ello». Sin embargo, el Comité de Mauthausen, principal agrupación de sobrevivientes del Holocausto en Austria, calificó la decisión de insuficiente. Su portavoz, Robert Eiter, declaró que «esta transformación no disuadirá a un solo neonazi» y recordó que una parte de la policía austriaca «se inclina muy, muy a la derecha». Historiadores locales y sectores de la sociedad civil reclamaban un centro de memoria o el regreso de la organización benéfica que ocupó el edificio hasta 2011, propuestas que el gobierno descartó para no crear un imán de peregrinación ni banalizar el pasado.

El debate se enmarca en un país que durante décadas se presentó como primera víctima del Tercer Reich y que hoy reconoce la complicidad de austriacos en los crímenes nazis, mientras el partido ultraderechista FPÖ —fundado por antiguos nazis— lidera las encuestas con un 38 % de intención de voto. La casa, de propiedad privada desde 1912, fue alquilada por el Estado a partir de 1972 para un centro de atención a personas con discapacidad, colectivo perseguido por el régimen hitleriano. En 2011, la propietaria se negó a realizar reformas y a vender, lo que llevó a una ley expropiatoria en 2016 y a una compensación de 810.000 euros, confirmada por la Corte Suprema en 2019. Una comisión de expertos desaconsejó tanto la demolición —por considerarla una negación de la historia— como la musealización, y optó por un uso administrativo que despojara al inmueble de su valor simbólico para la extrema derecha.

Con la comisaría ya operativa, el gobierno austriaco da por cerrada la fase de reconversión física, pero la controversia sobre cómo gestionar el legado nazi sigue abierta. El Comité de Mauthausen insiste en que «el mundo no olvidará dónde nació el mayor asesino de masas de la historia» y reclama al menos un panel informativo multilingüe. El alcalde Waidbacher admite que «seguramente no encontraremos una solución que satisfaga al cien por cien». Mientras, el edificio, irreconocible respecto a su aspecto original, funcionará como cualquier otra dependencia policial, y las autoridades confían en que la videovigilancia y la presencia permanente de agentes reduzcan los incidentes aislados que aún se registran cada aniversario del nacimiento de Hitler.