El ejército israelí acelera la edificación de una barrera física de tierra a lo largo de la denominada Línea Amarilla en la Franja de Gaza, una demarcación que, según el acuerdo de cese al fuego alcanzado en octubre de 2025 con la mediación de Estados Unidos, debía ser temporal. Imágenes satelitales verificadas por fuentes militares israelíes y agencias internacionales muestran que la estructura ya supera los 23 kilómetros —más de la mitad de los 40 kilómetros de longitud del enclave— y en dos puntos al sur, cerca de Jan Yunis y Rafah, se adentra entre 400 y 1.300 metros más allá del trazado oficial, penetrando en territorio que el pacto asignaba al control de Hamás. De forma paralela, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado que, desde la entrada en vigor de la tregua, más de 1.100 palestinos han muerto por acciones militares israelíes, de los cuales al menos 685 fallecimientos han sido verificados de manera independiente, incluidos 283 mujeres y niños.

Desde la óptica de las autoridades israelíes, la barrera y la zona de seguridad adyacente —dotada de recursos de inteligencia— responden a la necesidad de prevenir infiltraciones y proteger tanto a las tropas desplegadas como a las comunidades israelíes colindantes con la Franja. El portavoz castrense confirmó a la agencia Associated Press que la obra se levanta en el área de la Línea Amarilla con el fin de “reducir fricciones y evitar daños a personas no involucradas”. En el plano diplomático, el primer ministro Benjamín Netanyahu había instruido en mayo ampliar el control israelí hasta el 70 % del territorio, un objetivo que se refleja en el desplazamiento progresivo de los bloques amarillos que marcan la línea divisoria y en la creación de una “línea naranja” más profunda, dentro de la cual las organizaciones humanitarias deben coordinar sus movimientos con el ejército.

Para la ONU y para actores palestinos, estas acciones constituyen una violación sistemática del derecho internacional humanitario. El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Thameen Al-Kheetan, advirtió en Ginebra que “la muerte de civiles en estos ataques suscita preocupación por la continua comisión de crímenes de guerra y posiblemente otros crímenes atroces”, y urgió a terceros Estados a garantizar el cumplimiento del alto el fuego. Sobre el terreno, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha reportado que el avance de los marcadores de la Línea Amarilla ha ido acompañado del desplazamiento forzado de familias gazatíes, mientras la población palestina queda confinada en un área cada vez más reducida, principalmente en la costa y el centro-sur. Una campaña digital lanzada desde Gaza con la etiqueta #TheyLiedToYou (#كذبوا_عليكم) busca contrarrestar la percepción internacional de que la guerra ha terminado, difundiendo testimonios de bombardeos continuos, hambruna sistemática y brotes epidémicos.

Analistas en Oriente Próximo interpretan la barrera como la materialización de una división de facto de la Franja que consolida la presencia militar israelí en más del 50 % del enclave, en un contexto donde el 90 % de la población ha sido desplazada. La construcción de al menos tres nuevas bases militares en el interior de Gaza, una de ellas sobre las ruinas de la localidad de Bani Suhaila, refuerza esta lectura. Mientras el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) y la Junta de Paz no han comentado la obra, el presidente libanés Joseph Aoun aprovechó su visita a Washington para solicitar apoyo a su ejército en el sur del Líbano, en un momento en que las fuerzas israelíes inician un repliegue parcial en esa frontera pero mantienen su ofensiva en Gaza. El expediente queda abierto sin un calendario de retirada israelí ni un mecanismo de verificación internacional que garantice la reversibilidad de la nueva infraestructura.