Un artefacto explosivo improvisado detonó el 2 de julio en un café del céntrico barrio de Al-Hijaz, en Damasco, a unos 70 metros del Palacio de Justicia, causando la muerte de al menos diez civiles y heridas a otros 21, según el Ministerio de Salud sirio. La bomba, de fabricación casera y cargada con metralla, fue colocada en el local frecuentado por abogados y funcionarios judiciales. Al día siguiente, un ataque con granadas contra un puesto de control en la entrada de la localidad de Jaramana, en la periferia de la capital, dejó tres agentes heridos y al agresor muerto al estallarle un artefacto en la mano. Ningún grupo ha reivindicado hasta ahora la autoría de estos hechos.

El Ministerio del Interior sirio calificó el suceso de «atentado terrorista» y desplegó un cordón de seguridad, equipos de desactivación y perros policía para rastrear la zona. Las investigaciones preliminares, basadas en testimonios y grabaciones de videovigilancia, apuntan a una acción premeditada, aunque no se han difundido avances sobre la identidad de los responsables. Las autoridades prometieron llevar a los culpables ante la justicia y pidieron a la ciudadanía no difundir rumores. En el caso del puesto de control, fuentes de seguridad citadas por la agencia SANA identificaron al fallecido como un prófugo buscado por asesinato y narcotráfico, y detuvieron a su acompañante.

Las condenas se sucedieron desde distintas capitales árabes. El Líbano, a través de su Ministerio de Exteriores, expresó su «solidaridad plena» con Siria y consideró que el ataque busca «socavar la seguridad en una fase delicada de recuperación». Riad, en un comunicado oficial, rechazó «toda forma de violencia, extremismo y terrorismo» y transmitió sus condolencias. El Parlamento Árabe instó a «aunar esfuerzos para secar las fuentes de financiación del terrorismo». Desde El Cairo, el empresario Naguib Sawiris atribuyó la acción a «remanentes del antiguo régimen», una interpretación que, sin embargo, no ha sido corroborada por las investigaciones oficiales.

El atentado es el más letal en Damasco desde el ataque suicida contra una iglesia en junio de 2025, que dejó 25 muertos y fue reivindicado por un grupo fundamentalista suní, aunque las autoridades lo atribuyeron al Estado Islámico. Analistas en Beirut señalan que la persistencia de células durmientes del ISIS y la fragmentación de grupos armados representan un desafío para el gobierno surgido tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. La nueva administración, apoyada por Washington en la coalición antiyihadista, ha intentado reunificar el país y reconstruir las instituciones, pero incidentes como el del café evidencian, según fuentes diplomáticas europeas, la dificultad de consolidar el monopolio de la fuerza en un territorio aún atravesado por lealtades enfrentadas.

Las investigaciones continúan bajo secreto sumarial y se espera que el Ministerio del Interior emita nuevos partes en los próximos días. La comunidad internacional, a través de la ONU y la coalición contra el ISIS, sigue de cerca la evolución de la seguridad en Siria, mientras el gobierno de Damasco insiste en que no permitirá que estos actos descarrilen el proceso de transición.