La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI) comenzó el lunes una oleada de despidos masivos, ejecutada por el director interino William Pulte apenas dos días después de asumir el cargo. Según fuentes citadas por cadenas estadounidenses, las reducciones más drásticas se concentran en el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) y el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, dos pilares creados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para coordinar la prevención de amenazas. La medida materializa la instrucción que el presidente Donald Trump publicó en su red Truth Social, donde exigió un “recorte inmediato y necesario” de la plantilla y la devolución de efectivos a sus agencias de origen.

Desde el Capitolio, legisladores demócratas encuadraron la decisión como un riesgo para la seguridad nacional. El senador Mark Warner y el representante Jim Himes, miembros de los comités de inteligencia de ambas cámaras, advirtieron en una carta a Pulte que los despidos masivos comprometen la misión de un organismo concebido expresamente para evitar otro 11-S. Subrayaron, además, que una reestructuración de ese calibre no debería ser ejecutada por un funcionario interino sin consulta al Congreso y recordaron que la ODNI ya había absorbido un recorte sustancial en 2025, cuando la entonces directora Tulsi Gabbard eliminó más de 500 puestos, equivalentes al 30% de la plantilla.

La Casa Blanca respaldó la ofensiva remitiéndose al mandato presidencial y a la necesidad de optimizar una estructura que, en palabras de Trump, llevaba “demasiado tiempo sobredimensionada”. Analistas en Washington observan que la designación de Pulte —un empresario sin trayectoria en inteligencia que dirigía la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda— introduce un perfil de gestión ajeno a la comunidad de seguridad, en un momento en que la ODNI coordina a 18 agencias. La salida de Gabbard, oficialmente motivada por la enfermedad de su esposo, coincidió con informaciones de prensa que apuntaban a fricciones con el entorno presidencial, en particular por su postura durante la operación contra Irán.

El movimiento se inscribe en una contracción más amplia del empleo federal: la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno contabilizó 256.000 despidos en 2025, el 11% de la fuerza laboral. En paralelo, la llegada de Pulte provocó la caducidad de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que autoriza la recolección de comunicaciones de extranjeros en el exterior sin orden judicial. La nominación del fiscal Jay Clayton para ocupar el cargo de forma permanente fue retirada abruptamente por la Casa Blanca la semana pasada, lo que deja a Pulte al frente del aparato de inteligencia sin un horizonte definido de transición. Se espera que en los próximos días los comités del Congreso convoquen audiencias para evaluar el impacto de los recortes sobre los programas de alerta temprana.