Un informe de Amnistía Internacional publicado esta semana advierte que los movimientos anti-género se han consolidado como una red transnacional con financiamiento creciente, cuyo objetivo es revertir derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y las protecciones para personas LGBT+. El documento identifica a Estados Unidos como “motor” de estas estrategias y señala que, durante el segundo mandato de Donald Trump, se intensificaron las restricciones a personas transexuales y al acceso al aborto. En Europa, según la organización, Francia es el segundo país que más fondos destina a este activismo, con actores como el empresario conservador Pierre-Édouard Stérin y grupos vinculados a los partidos Reconquête y Rassemblement National. El reporte también documenta actos de intimidación contra centros de salud y sedes LGBTQ+ en varias ciudades francesas, así como una reducción de subvenciones a asociaciones defensoras de estos derechos.

En contraste con ese diagnóstico, en América Latina se registran iniciativas legislativas que buscan ampliar el reconocimiento y la protección de minorías. En la Ciudad de México, la diputada oficialista Brenda Ruiz Aguilar presentó una reforma para que las 16 alcaldías brinden orientación jurídica y acompañamiento institucional a personas de la diversidad sexual que enfrenten discriminación o violencia. La propuesta modifica la ley local de atención a la población LGBTTTI y, de aprobarse, convertiría a los gobiernos de proximidad en una primera puerta de acceso a la justicia para víctimas que, según la legisladora, a menudo desisten de denunciar por miedo, desinformación o prejuicios institucionales.

En el estado de Guanajuato, otra iniciativa de Morena propone reformar el Código Civil para reconocer legalmente a las familias comaternales —aquellas conformadas por dos madres— y garantizar los derechos filiativos de niñas y niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida. Actualmente, aunque el matrimonio igualitario es legal, persisten vacíos que dejan a una de las madres sin vínculo jurídico con los hijos, lo que genera inseguridad en trámites y acceso a servicios. De forma paralela, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Congreso capitalino armonizar el Código Civil local con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminando figuras como la tutela y la curatela que, a juicio del organismo, sustituyen la voluntad de estas personas y contravienen el enfoque de derechos humanos.

En Argentina, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza en la reforma del Código de Planeamiento Urbano con un ciclo de audiencias públicas que concluiría en noviembre. Especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán y del Conicet expusieron sobre la necesidad de articular el crecimiento metropolitano con las zonas periféricas rezagadas y presentaron una herramienta de gobernanza inteligente para basar las decisiones en evidencia territorial. Si bien esta reforma no aborda directamente derechos de minorías, desde la óptica de planificadores locales se enmarca en un esfuerzo por reducir la segregación socioespacial y mejorar la infraestructura en una ciudad donde, según la investigadora Sandra Mansilla, “la construcción tiene un ritmo más acelerado que la población”.

El informe de Amnistía Internacional subraya que, pese al avance de los movimientos anti-género, existen resistencias ciudadanas y legislativas, como la constitucionalización del aborto en Francia o el reconocimiento del matrimonio igualitario en Tailandia. En México, las iniciativas de la capital y de Guanajuato ya fueron turnadas a comisiones para su discusión, mientras que en Tucumán la próxima audiencia está prevista para el 6 de julio. La CNDH, por su parte, exhortó al Congreso de la Ciudad de México a iniciar las modificaciones antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en abril de 2027.