El Consejo de Estado de Colombia dio marcha atrás a la suspensión del decreto que elevaba el salario mínimo un 23% para 2026, dejándolo en 2 millones de pesos con auxilio de transporte. La decisión, adoptada al resolver un recurso de súplica del Gobierno, permite que el incremento siga aplicándose mientras el tribunal examina la legalidad del decreto. El tribunal consideró que la suspensión previa no había demostrado un daño concreto derivado de su aplicación, lo que devuelve certidumbre inmediata a más de 1,2 millones de trabajadores que ya percibían el nuevo salario.

En paralelo, el Gobierno argentino oficializó un aumento salarial del 7% para los empleados públicos, con efecto retroactivo desde enero de 2025 y liquidado en la nómina de noviembre. El reajuste, pactado con las centrales sindicales, se calculó sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor y alcanzó también viáticos, primas y bonificaciones. Desde la óptica de Buenos Aires, el acuerdo incluye una fórmula para 2026: el IPC de 2025 más un 1,9% adicional, con el objetivo de reducir la incertidumbre y evitar nuevas negociaciones anuales.

En África occidental, la Asociación de Docentes en Formación de Ghana (TTAG) anunció el inicio del desembolso de las asignaciones a los estudiantes de las Facultades de Educación. Los pagos se realizan por lotes, comenzando por aquellas instituciones cuyos datos ya fueron validados. La TTAG agradeció al Gobierno, al Ministerio de Educación y a la Comisión de Educación Terciaria por cumplir el compromiso, y pidió paciencia a quienes aún no han recibido el subsidio, que consideran un alivio para los gastos académicos y de manutención.

El contexto ghanés se completa con el llamado de la Comisión de Salarios Justos (FWSC) a la Asociación Nacional de Docentes (GNAT) para que suspenda una huelga convocada por las condiciones de servicio. La FWSC explicó que el Gobierno impulsa una reforma estructural del sistema retributivo que culminará con la creación de una Comisión Independiente de Emolumentos, y que las demandas puntuales —como los incentivos para zonas rurales— se abordarán dentro de ese nuevo marco. Un encuentro nacional de partes interesadas está previsto para principios de agosto, lo que constituye el siguiente hito para destrabar el diálogo.

En Kenia, la Comisión del Servicio Docente (TSC) desmintió un comunicado viral que anunciaba la implementación de la segunda fase del incremento salarial pactado para julio de 2026 y el pago de atrasos en agosto. La TSC calificó el documento de falso y advirtió a los maestros que no se fiaran de esa información. El episodio refleja la sensibilidad regional ante los ajustes salariales en el sector público, donde la verificación oficial sigue siendo el único referente fiable mientras los procesos de revisión judicial y negociación colectiva avanzan en cada país.