La administración de Donald Trump confirmó un arancel del 25% sobre importaciones brasileñas que entrará en vigor el 22 de julio, elevando la tasa efectiva media para los productos del país del 11,7% al 18,2%. Con esta decisión, Brasil se sitúa como la segunda nación más castigada por el sistema arancelario estadounidense, solo por detrás de China. La medida afecta a unos 4.000 productos —desde calzado y textiles hasta maquinaria y componentes químicos— y, según la Cámara Americana de Comercio para Brasil, pone en riesgo más de 11.000 millones de dólares en exportaciones, equivalentes al 26% de las ventas brasileñas a ese mercado. El golpe se suma a un deterioro previo: en el primer semestre de 2026, las exportaciones de 20 de los 27 estados brasileños a Estados Unidos ya habían caído un 13% interanual.

La justificación técnica esgrimida por Washington apunta a supuestas prácticas comerciales desleales, pero el trasfondo político resulta indisimulable. Durante las negociaciones, Estados Unidos exigió a Brasil la apertura total de los sectores químico, aeroespacial y automotriz, así como restricciones a la inversión china en minerales críticos, condiciones que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva consideró inaceptables. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Lula no negoció de “buena fe” y antepuso su “ego” a un acuerdo, un lenguaje que en Brasilia se interpreta como un intento de influir en las elecciones presidenciales del 4 de octubre. Analistas en la capital brasileña señalan que la ofensiva arancelaria coincide con un visible alineamiento de la Administración Trump con la oposición bolsonarista: el candidato Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca semanas atrás y su hermano Eduardo, afincado en Washington, ha instado a actuar contra Lula.

En el plano interno, la presión externa ha tenido un efecto paradójico. Las encuestas recientes muestran una recuperación de Lula, que estira a ocho puntos su ventaja sobre Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, impulsada por programas de alivio de deudas y exención fiscal para rentas medias, pero también por el rechazo ciudadano a lo que se percibe como una injerencia foránea. Más de la mitad de los brasileños atribuye la responsabilidad del tarifazo al entorno bolsonarista, según un sondeo de Quaest. Mientras, el gobierno de Lula ha optado por la prudencia: el ministro de Hacienda descartó represalias inmediatas y anunció líneas de crédito para los sectores más golpeados, como el calzado y el mueble.

El próximo hito será el 22 de julio, cuando las nuevas tasas comiencen a aplicarse. Hasta entonces, el Ejecutivo brasileño intentará ampliar la lista de excepciones, que ya supera los 2.000 productos, aunque en el Palacio del Planalto se asume que no habrá avances sustanciales hasta después de las elecciones. El 25 de julio expira además el arancel global del 10% impuesto por la vía de la Sección 122, lo que podría aliviar marginalmente la carga combinada, pero la tasa del 25% bajo la Sección 301 se mantendrá como un lastre para la industria brasileña y como un factor de tensión en la relación bilateral.