Un movimiento sísmico de magnitud 5,1 (5,5 según el USGS) sacudió la noche del sábado la región andina de Junín, en el centro de Perú, dejando al menos cinco personas fallecidas, 21 heridos y 300 damnificados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El epicentro se localizó a una profundidad de 24 kilómetros cerca del distrito de Chongos Bajo, a unos 300 kilómetros al este de Lima, y provocó el colapso de 48 viviendas, en su mayoría construcciones de adobe, así como daños estructurales en la iglesia colonial de Santiago León de Chongos Bajo y cortes del suministro eléctrico en varias localidades.

Las autoridades peruanas atribuyen la magnitud de la destrucción a la combinación de la escasa profundidad del temblor y la vulnerabilidad de las edificaciones rurales. El jefe del Indeci, general Luis Vásquez, declaró que «la poca profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas de adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños». El Ministerio de Salud instaló un Puesto Médico Avanzado y envió equipos de psicólogos, mientras la Policía Nacional desplegó más de 250 efectivos de unidades especializadas en rescate. Hasta el momento, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado doce réplicas, las más fuertes de magnitud 3,7 y 3,4.

Perú está situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del mundo, donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana. Anualmente se producen alrededor de 400 sismos de magnitud superior a 4,0, pero en las zonas rurales andinas la prevalencia de técnicas constructivas tradicionales sin refuerzo sísmico multiplica los daños. Este patrón se repitió en el terremoto de Pisco de 2007, de magnitud 7,9, que causó cerca de 600 fallecimientos y puso en evidencia la necesidad de normas de edificación más estrictas en todo el país.

Desde una perspectiva regional, el evento reaviva el debate sobre la inversión en vivienda sismorresistente en América Latina. Especialistas en gestión de riesgos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han señalado en reiteradas ocasiones que los países andinos presentan una alta exposición sísmica combinada con un déficit habitacional cualitativo en áreas rurales. En Chile, tras el terremoto de 2010, las políticas de reconstrucción incorporaron estándares más rigurosos, pero en Perú los avances han sido desiguales y focalizados en zonas urbanas. Analistas consultados en Lima destacan que la declaratoria de emergencia, actualmente en evaluación, debería ir acompañada de un plan de reconstrucción con asistencia técnica para la autoconstrucción.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan con el apoyo bomberos voluntarios y unidades caninas, mientras se prevé la llegada del ministro de Defensa y del presidente del Consejo de Ministros a la zona. Los organismos internacionales como el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmaron los parámetros del sismo, y la comunidad de donantes observa la evolución de las necesidades humanitarias. El gobierno regional ya distribuye carpas y frazadas, pero la pérdida de viviendas y medios de subsistencia anticipa una recuperación que podría prolongarse durante meses, sobre todo si se confirman nuevos daños en las infraestructuras de agua y saneamiento.