La advertencia más severa llegó desde Bogotá: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que, sin un ajuste fiscal de gran escala, la deuda neta colombiana alcanzará el 66,6 % del PIB en 2027, acercándose al límite del 71 % que marca la regla fiscal. El organismo independiente proyecta que ya en 2026 la deuda neta llegará al 61 % del PIB, el valor más alto registrado, mientras el déficit total podría dispararse hasta el 7,4 % del PIB, un nivel que el propio CARF califica de “insostenible”. La revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo elaborada por el Gobierno considera supuestos de inflación y crecimiento que el comité tilda de “demasiado optimistas”, y advierte que los gastos de funcionamiento e inversión superarían en 39,6 billones de pesos los cálculos oficiales.

El mecanismo que subyace a esta divergencia no es exclusivo de Colombia. En Europa, el INSEE reveló que la deuda pública francesa se situó en el 117,5 % del PIB durante el primer trimestre de 2026, casi el doble del umbral del 60 % fijado en Maastricht y solo por detrás de Grecia e Italia dentro de la zona euro. Desde París se señala que los déficits estructurales posteriores a las crisis han quebrado cualquier senda de consolidación. A su vez, el Ministerio de Finanzas de Ucrania comunicó que en 2027 el déficit presupuestario crecerá hasta un récord de 2,04 billones de grivnas, equivalentes a 45 490 millones de dólares, cubierto en un alto porcentaje mediante asistencia externa. En todos los casos, la diferencia entre la evolución del gasto primario y unos ingresos sobreestimados acelera la acumulación de pasivos.

La respuesta de los mercados de deuda, sin embargo, no ha sido de cierre sino de revaloración del riesgo. Las subastas colombianas de TES de corto y largo plazo registraron en junio una demanda de hasta 4,9 veces el monto convocado, una señal de apetito que permitió al Ministerio de Hacienda colocar 5 billones de pesos en un solo día, pero a tasas de corte superiores al 12 %. Analistas en la región andina interpretan esa dinámica como una convivencia temporal entre normalidad macroeconómica y trayectoria fiscal insostenible que puede cambiar abruptamente si la percepción de solvencia se deteriora. La universidad Eafit, en Medellín, documentó que el servicio de la deuda colombiana absorberá en 2026 uno de cada tres pesos del recaudo tributario, en un contexto de déficit primario que no retorna al equilibrio y de calificaciones soberanas que han caído cuatro escalones en doce meses.

El horizonte inmediato está marcado por decisiones políticas cuya materialización es incierta. El Gobierno colombiano anunció que radicará una reforma tributaria el 20 de julio, pero el CARF decidió no incorporar sus posibles rendimientos —estimados en un 1,4 % del PIB— hasta que exista un contenido concreto. Mientras tanto, la presidencia francesa prepara un presupuesto que será examinado por Bruselas bajo las nuevas reglas fiscales europeas, y Kiev condiciona su estabilidad a un desembolso externo de 47 600 millones de dólares en 2027. La coincidencia de estas alertas desde distintas latitudes ilustra un momento en que la credibilidad de las sendas fiscales oficiales está siendo puesta a prueba por organismos independientes y por la propia presión de los acreedores.