La coalición de gobierno alemana, integrada por la CDU/CSU y el SPD, presentó el jueves un paquete de 34 medidas destinado a reactivar la mayor economía europea, sumida en un estancamiento que ha erosionado la confianza ciudadana y alimentado el ascenso de la ultraderecha. El canciller Friedrich Merz calificó el acuerdo como un “gran paso adelante” y subrayó la capacidad de decisión del Ejecutivo tras meses de disputas internas. El plan, que deberá ser tramitado en el Parlamento antes de fin de año, incluye rebajas del impuesto sobre la renta por valor de 10.000 millones de euros anuales, una reforma de las pensiones que elevará la edad de jubilación más allá de los 67 años, y una flexibilización de los contratos temporales y de las bajas médicas.

Desde la socialdemocracia, el vicecanciller Lars Klingbeil defendió que la carga fiscal se desplace hacia las rentas más altas, con un nuevo tramo del 47% a partir de 280.000 euros, para financiar alivios concentrados en familias con hijos y rentas medias y bajas. La CDU/CSU, por su parte, logró mantener el tipo máximo general en el 42% y evitar un endurecimiento del impuesto de sucesiones. Las organizaciones empresariales alemanas acogieron el giro como una “corrección de rumbo”, mientras que el sindicato IG Metall denunció un “ataque a los derechos de los trabajadores”, en particular por la ampliación de los contratos temporales sin causa justificada hasta 48 meses y la exigencia de certificado médico desde el primer día de ausencia.

Los institutos económicos alemanes ofrecieron valoraciones dispares. El presidente del Ifo, Clemens Fuest, anticipó un efecto “positivo pero pequeño” sobre el crecimiento, y criticó la ausencia de recortes del gasto público que impide una reducción significativa de la carga fiscal y de cotizaciones. El Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW) consideró que el impacto será “cercano a cero” si no se acelera la desburocratización. En contraste, desde el Deutsche Bank se calificó el paquete como uno de los mayores bloques de reformas en décadas, con potencial para mejorar las expectativas y acompañar una recuperación en el segundo semestre. El instituto DIW, en cambio, lo tachó de “paquete simbólico”.

El acuerdo se produce en un contexto de fuertes presiones externas e internas. La industria exportadora alemana sufre el aumento de los costes energéticos, la competencia china y la disputa arancelaria con Estados Unidos. En el plano político, la coalición busca contrarrestar el avance de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que lidera los sondeos a meses de elecciones regionales en el este del país. El plan incluye, además, un llamamiento a Bruselas para endurecer las normas contra la competencia desleal y reforzar el control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, una medida que, según analistas europeos, apunta principalmente a China.

El Gobierno confía en que la aprobación parlamentaria de las medidas principales se complete antes de que finalice 2026, de modo que los alivios fiscales desplieguen su efecto pleno en 2028. No obstante, tanto economistas como representantes patronales advirtieron de que serán necesarias nuevas rondas de reformas para consolidar un cambio duradero en la competitividad alemana. La votación de las primeras leyes está prevista para el próximo período de sesiones del Bundestag.