El Ministerio de Finanzas alemán ha presentado una reforma que eleva la fiscalidad del tabaco muy por encima de lo previsto, con el objetivo de ingresar 4.440 millones de euros adicionales hasta 2030. El precio medio de la cajetilla pasará de 8,77 euros actuales a 11,78 euros, y las marcas más consumidas rozarán los 13 euros. La medida, que aún debe debatirse en el Bundestag, destina 750 millones a cubrir el déficit de la sanidad pública, una presión que comparten numerosos sistemas de protección social sometidos al envejecimiento demográfico.

El recurso a impuestos sobre el tabaco para financiar la seguridad social refleja una tensión fiscal creciente. En Malasia, solo el 38,3 % de los cotizantes activos del fondo de previsión alcanza el ahorro mínimo recomendado para su edad, según datos oficiales citados en Kuala Lumpur. En Kenia, más del 70 % de los trabajadores se jubila sin una pensión formal, y en España la edad legal de retiro avanza hacia los 67 años mientras especialistas en seguridad social advierten de que muchos empleados no llegan a esa edad en plenas condiciones físicas o mentales. En Estados Unidos, el fondo fiduciario de la Seguridad Social podría agotarse en 2032, lo que obligaría a recortar prestaciones o a aumentar impuestos.

Desde Berlín, la industria tabacalera sostiene que la subida impositiva disparará el comercio ilícito, como ya ha ocurrido en Francia y Países Bajos. En Londres, un comité parlamentario ha reprochado al Gobierno que su estrategia de inclusión financiera carece de datos y metas claras para atajar los 13,1 millones de adultos con baja resiliencia económica. En Kuala Lumpur, economistas y planificadores financieros consideran que el umbral oficial de ahorro para la jubilación —equivalente a unos 390.000 ringgit— es insuficiente y proponen elevarlo al menos un 50 %. En Madrid, se extiende el concepto de “desaceleración laboral” como transición necesaria para evitar que los trabajadores lleguen agotados al final de su vida activa.

El proyecto de ley alemán inicia ahora su tramitación parlamentaria, mientras la Comisión Europea observa el equilibrio entre salud pública y mercado ilegal. En Malasia, el debate se centra en reformas estructurales que impulsen salarios más altos y, con ellos, mayores aportaciones a los fondos de previsión. La revisión de la estrategia británica de inclusión financiera está prevista para 2027, el mismo año en que España elevará la edad de jubilación a 67 años para quienes no alcancen los 38,5 años cotizados.