Al menos 50 militares malienses murieron y otros 24 fueron capturados el sábado 18 de julio en una emboscada tendida por separatistas tuareg de la FLA y el grupo yihadista JNIM, afiliado a Al Qaeda, contra un convoy del ejército que se retiraba de la estratégica localidad de Anefis, en el norte de Malí. El ataque, uno de los más letales para las fuerzas armadas malienses desde el inicio del conflicto en 2012, se produjo en el eje hacia Gao, la principal ciudad del norte, y fue reivindicado conjuntamente por ambas organizaciones, que afirmaron haber destruido y capturado numerosos vehículos blindados y camiones de suministro.

La junta militar que gobierna Malí reconoció que el convoy “cayó en una emboscada tendida por grupos terroristas armados”, pero no ofreció cifras de bajas. Un responsable local cercano al poder castrense calificó el balance de “extremadamente grave” y confirmó a la agencia France Presse los más de 50 fallecidos y 24 prisioneros. Una fuente del ejército declaró que varios soldados fueron “ejecutados sobre el terreno” y que se investigan las fallas tácticas que facilitaron el ataque. Según fuentes comunitarias de la región de Gao, los paramilitares rusos del Africa Corps que apoyaban al convoy ya habían llegado a su destino y no sufrieron bajas. Los grupos atacantes difundieron imágenes de combatientes rindiéndose y de material incautado, aunque su autenticidad no pudo ser verificada de forma independiente.

Desde la óptica de analistas de seguridad en el Sahel, la operación conjunta entre independentistas tuareg y yihadistas —tradicionalmente rivales— revela una convergencia táctica que complica el escenario para Bamako y sus aliados rusos. El hecho de que la emboscada ocurriera apenas días después de que el ejército y el Africa Corps anunciaran haber roto el cerco sobre la base de Anefis indica, según estas fuentes, que la reconquista de posiciones no ha neutralizado la capacidad de los grupos armados para monitorear y golpear las rutas logísticas. La dinámica, señalan expertos en África occidental, traslada el conflicto a una guerra de desgaste sobre las líneas de abastecimiento, poniendo en entredicho la narrativa oficial de control territorial.

Malí se encuentra bajo administración militar desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, y la junta ha hecho de la recuperación de la seguridad su principal promesa, al tiempo que expulsó a las fuerzas francesas y estrechó la cooperación con Moscú. El ataque se inscribe en una escalada de violencia que desde principios de julio ha incluido la toma temporal de Anefis por los insurgentes y combates en varias localidades del norte. Por el momento, el ejército ha respondido con bombardeos selectivos sobre tres posiciones de los atacantes y ha anunciado la apertura de una investigación interna, sin que se hayan comunicado próximos pasos políticos o cambios en la estrategia de seguridad.