El Grupo Volkswagen ha cuantificado por primera vez el alcance de su reestructuración: hasta 140.000 empleos podrían desaparecer en los próximos años, según un memorando interno del consejero delegado Oliver Blume. La cifra combina 50.000 recortes ya comprometidos, otros 50.000 adicionales en estudio y 40.000 más vinculados al posible cierre de instalaciones productivas en Alemania después de 2030. En paralelo, la filial Porsche planea duplicar su programa de despidos con entre 5.000 y 6.000 bajas adicionales hasta 2035, de acuerdo con medios alemanes que citan fuentes anónimas, mientras su consejo de supervisión debatía este miércoles las medidas.

El detonante de esta ofensiva de eficiencia es un diferencial de costes que la propia dirección sitúa un 20 % por encima de sus competidores. La presión se concentra en dos frentes: el desplome de las ventas en China —donde el grupo pasó de 4,3 millones de unidades en 2019 a menos de 2 millones— y la transición forzada hacia el vehículo eléctrico, en la que los objetivos no se han cumplido. Las previsiones de un millón de eléctricos para 2025 se quedaron en 115.000 unidades. Mientras, los fabricantes chinos ganan terreno en Europa: el grupo Geely, propietario de Volvo y principal accionista de Mercedes, ha celebrado su primer año en Italia con 3.000 contratos y una estrategia de arraigo industrial local.

Desde la óptica de Wolfsburgo, la capacidad de maniobra de la dirección está limitada por una estructura de gobernanza que analistas centroeuropeos califican de disfuncional. El estado federado de Baja Sajonia, que controla el 20,2 % del capital, se opone al cierre de fábricas, mientras el tercer mayor accionista, el emirato de Catar, veta la reconversión de la planta de Osnabrück para producción de componentes de defensa israelíes. Esta triangulación entre políticos regionales, sindicatos y un fondo soberano con intereses geopolíticos ha llevado a voces liberales a reclamar la derogación de la llamada “Ley Volkswagen” para reducir la influencia estatal.

En Bruselas, la respuesta del sector ha sido una carta abierta firmada por Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz y organizaciones ecologistas que reclama ayudas públicas directas a la producción de tecnologías limpias, vinculadas al volumen de baterías, hidrógeno renovable o componentes solares. La solicitud refleja un giro estratégico: la industria europea del automóvil, que durante décadas marcó el ritmo global, se percibe ahora a sí misma en desventaja competitiva frente a los subsidios y la escala de los productores asiáticos. Mientras tanto, el mercado alemán alcanza una paradoja estadística: la tasa de motorización llegó a 593 vehículos por cada 1.000 habitantes, un récord histórico impulsado por el crecimiento de los eléctricos e híbridos, que ya suman 6,4 millones de unidades, aunque las ventas de Tesla caen por el rechazo que genera la figura de Elon Musk en varios países europeos.

El próximo hito informativo será la comunicación oficial de Porsche a su plantilla, prevista para el lunes 27 de julio, donde se detallarán los ajustes negociados con los representantes sindicales. En el caso de la matriz, la atención se centra en la evolución de las conversaciones con Baja Sajonia y los sindicatos para definir el futuro de las cuatro plantas alemanas amenazadas, un proceso que pondrá a prueba la capacidad del grupo para ejecutar una reestructuración sin precedentes en un entorno de gobernanza compartida.