Trump anunció desde la cumbre del G7 en Francia la cancelación de la audiencia de confirmación de Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional, prevista para el miércoles. La decisión, comunicada en Truth Social, condiciona el proceso a que el Senado confirme primero a Jamie McDonald —su exabogado personal— como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, cargo que ocupa Clayton. El presidente vinculó la maniobra a la renovación de la ley de vigilancia FISA y a una restrictiva ley de identificación de votantes, en un intento de forzar la agenda legislativa.

El Comité de Inteligencia del Senado, presidido por el republicano Tom Cotton, afirmó inicialmente que la audiencia seguiría adelante a menos que Trump ordenara a Clayton no comparecer. Horas después, los senadores cedieron y pospusieron la sesión, evidenciando la imposibilidad de celebrarla sin el candidato. La Casa Blanca busca mantener a Bill Pulte como director en funciones, un empresario sin experiencia en inteligencia pero leal al presidente, cuya designación ha sido criticada por demócratas y algunos republicanos.

Desde Washington, el episodio revela un patrón transaccional: Trump usa las vacantes como moneda de cambio para obtener concesiones legislativas y colocar afines en puestos clave. Analistas europeos observan con preocupación la inestabilidad en la cúpula de inteligencia estadounidense, socio crucial para la seguridad transatlántica. En América Latina, expertos en Ciudad de México señalan que la estrategia recuerda a tácticas de presión que debilitan los contrapesos institucionales en la región.

El trasfondo incluye la politización de la comunidad de inteligencia. La anterior directora, Tulsi Gabbard, viró hacia asuntos electorales para recuperar el favor presidencial, supervisando redadas basadas en denuncias de fraude infundadas. La permanencia de Pulte, aunque interina, alimenta temores de que la agencia se oriente a prioridades políticas en vez de amenazas externas. El estancamiento deja en el aire la dirección de 18 agencias y mide la capacidad del Legislativo para defender sus prerrogativas frente a un Ejecutivo que usa las nominaciones como herramienta de presión.