El presidente estadounidense firmó el lunes proclamas que imponen un arancel adicional del 50% a una amplia gama de bienes canadienses, con entrada en vigor prevista en 30 días. La medida afecta a importaciones valoradas en unos 20.000 millones de dólares —cerca del 5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos— e incluye desde vino y palos de hockey hasta cemento y productos lácteos, aunque excluye energía, potasa, minerales críticos y pescado. El dólar canadiense se depreció de inmediato tras el anuncio, reflejando la inquietud de los mercados ante una escalada que, por primera vez, elimina las exenciones que amparaba el tratado comercial T-MEC.

La base jurídica elegida es la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, un instrumento que permite gravar hasta el 50% a países que discriminen al comercio estadounidense y que, según analistas en Washington, nunca antes se había utilizado para imponer aranceles. La administración Trump recurre a este mecanismo después de que la Corte Suprema anulara en febrero los aranceles de emergencia aplicados globalmente. Desde la óptica de la Casa Blanca, Canadá mantiene un trato desigual en tres frentes: un impuesto a vehículos estadounidenses no cubiertos por el T-MEC, el sistema de gestión de la oferta láctea que aplica aranceles de hasta el 300% a las importaciones que exceden los cupos, y el boicot de la mayoría de las provincias canadienses a las bebidas alcohólicas estadounidenses, vigente desde 2025.

La respuesta canadiense combina firmeza y apertura negociadora. El primer ministro Mark Carney calificó los aranceles como una violación directa del T-MEC y subrayó que su gobierno ha presentado propuestas detalladas para resolver las disputas y modernizar el acuerdo. Al mismo tiempo, advirtió que se examinarán “todas las opciones” si las tarifas entran en vigor, mientras el primer ministro de Ontario, Doug Ford, reclamó una represalia “arancel por arancel, dólar por dólar”. Analistas del Canadian Imperial Bank of Commerce interpretan la selección de productos como un movimiento con criterios políticos y anticipan que los aranceles “llegaron para quedarse” al menos durante los próximos 30 meses, en un contexto donde la no renovación del T-MEC por parte de Washington ha abierto un período de negociación que podría extenderse hasta 2036.

El sector empresarial estadounidense observa con preocupación el riesgo de una espiral de represalias. El Consejo de Bebidas Destiladas de Estados Unidos reconoció las restricciones canadienses pero pidió evitar una escalada que dañe a un sector de la hostelería aún frágil. Exfuncionarios comerciales en Washington advierten que la Sección 338 presenta un alto riesgo de litigio y que su aplicación parece diseñada para obtener influencia en las conversaciones del T-MEC, donde las pláticas con México avanzan a mayor ritmo que con Canadá. El plazo de 30 días antes de la entrada en vigor de los aranceles —el 19 de agosto— se perfila como la ventana crítica para que la negociación bilateral evite un choque comercial de consecuencias imprevisibles para las cadenas de suministro norteamericanas.