El gobierno de Donald Trump finalizó el viernes una modificación regulatoria que redefine el término “daño” en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), eliminando la inclusión de la alteración significativa del hábitat que había regido durante casi tres décadas. La nueva norma, anunciada por los Departamentos del Interior y Comercio, permite actividades como la tala, la minería y la perforación petrolera en zonas críticas para la fauna siempre que no se mate o lesione directamente a los ejemplares protegidos. La decisión revierte una interpretación que, según el gobierno, había encarecido proyectos energéticos en la Cuenca Pérmica de Texas y afectado a especies como el lagarto de las dunas de artemisa y el gallo de las praderas menor.

La administración justificó el cambio apelando al fallo de la Corte Suprema en el caso Loper Bright de 2024, que eliminó la deferencia judicial hacia las agencias federales y exigió atenerse al “mejor significado único” de las leyes. El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que durante años las agencias “abusaron de la ESA para obstruir el uso legítimo de la tierra” y que la medida restaura la intención original del Congreso. El Departamento de Comercio añadió que la definición anterior había sido una carga para los pescadores. La norma también se apoya en la experiencia del búho moteado del norte, cuya protección en los años noventa redujo entre 16.000 y 32.000 empleos en la industria maderera del Pacífico noroeste.

Organizaciones ambientalistas como Earthjustice y el Center for Biological Diversity anunciaron demandas judiciales. La abogada Kristen Boyles sostuvo que la regla carece de respaldo científico, jurídico y público, y recordó que en 1995 la propia Corte Suprema había ratificado que el concepto de daño incluía la destrucción del hábitat. Desde América Latina, la medida genera inquietud por su posible influencia en los debates sobre conservación en la región, donde la ESA ha servido de modelo para leyes nacionales y donde especies migratorias como las ballenas y tortugas marinas dependen de hábitats que abarcan aguas estadounidenses y mexicanas.

En paralelo, la administración avanza en una revisión más amplia de su marco regulatorio. El Departamento de Seguridad Nacional propuso cambios al programa de visas H-1B que elevarían los umbrales salariales y endurecerían los requisitos para empresas que colocan trabajadores en sitios de terceros, una práctica común entre firmas tecnológicas indias. Además, extendió por unas semanas los permisos de trabajo para inmigrantes con estatus de protección temporal, incluidos haitianos, cuya situación sigue siendo precaria tras un fallo de la Corte Suprema que permite poner fin a esa protección. El próximo hito será la presentación de las demandas contra la norma de la ESA y la entrada en vigor de las nuevas reglas de visados, prevista para agosto.