El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde a un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita que, según fuentes oficiales citadas por The Wall Street Journal y The New York Times, permitiría al reino enriquecer uranio en su territorio. El pacto, con una vigencia prevista de treinta años y un valor estimado en decenas de miles de millones de dólares, reserva a compañías estadounidenses la construcción de la infraestructura nuclear saudí —incluida una posible planta de enriquecimiento si un estudio conjunto de viabilidad así lo recomienda— y excluye a competidores extranjeros. La firma está prevista para este miércoles entre el secretario de Energía, Chris Wright, y el ministro saudí del ramo, el príncipe Abdulaziz bin Salman, tras lo cual el texto será remitido al Congreso para su revisión.

Desde la óptica de la administración estadounidense, el acuerdo garantiza que cualquier actividad de enriquecimiento se realice bajo supervisión de Washington mediante un mecanismo de “caja negra” que impide la transferencia de tecnología sensible, lo que —según altos funcionarios— blinda el uso civil del programa y evita desvíos hacia fines militares. Riad, por su parte, sostiene que el desarrollo nuclear es indispensable para diversificar su matriz energética, liberar más crudo para la exportación y aprovechar sus reservas de uranio, al tiempo que insiste en el carácter pacífico de sus intenciones. No obstante, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán declaró en 2018 que el reino buscaría su propio arsenal atómico si Irán llegara a obtenerlo, una posición que en las capitales europeas y en Israel se interpreta como un factor de riesgo en una región ya atravesada por conflictos abiertos.

El entendimiento no incorpora el Protocolo Adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) —que otorga a los inspectores acceso ampliado a instalaciones no declaradas— ni el llamado “estándar de oro” que sí aceptaron los Emiratos Árabes Unidos al renunciar al enriquecimiento y al reprocesamiento de combustible en su central de Barakah. Para legisladores de ambos partidos en Washington, así como para analistas de no proliferación en centros de estudio occidentales, esta omisión reduce la capacidad de verificación internacional y podría sentar un precedente que otros países de la región, como Turquía o Egipto, intenten replicar. En paralelo, el anuncio se produce en plena campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, justificada en parte por la necesidad de impedir que Teherán adquiera un arma nuclear, lo que desde Moscú y Pekín ya se ha señalado como una aparente contradicción en la política de no proliferación estadounidense.

El contexto regional añade otras capas de tensión: Arabia Saudita y Pakistán —potencia nuclear declarada— suscribieron recientemente un pacto de defensa mutua, y el ministro de Defensa paquistaní afirmó que el programa nuclear de su país “estará a disposición” del reino si fuera necesario, declaración que en Israel se ha recibido como una advertencia directa. A ello se suma la reactivación de hostilidades con los rebeldes hutíes de Yemen, que esta semana amenazaron con bloquear puertos saudíes. El acuerdo será presentado al Congreso estadounidense en los próximos días; para bloquearlo se requeriría una resolución conjunta de ambas cámaras con una mayoría de dos tercios capaz de superar un eventual veto presidencial, un umbral que, según fuentes legislativas, hace improbable su freno a corto plazo.