La capital catarí se convirtió este martes en el epicentro de una diplomacia de señales contradictorias. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que una reunión de alto nivel con Irán se celebraría en Doha a petición de Teherán, y la Casa Blanca confirmó el viaje de su enviado especial, Steve Witkoff, y de su asesor Jared Kushner. Sin embargo, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, negó categóricamente cualquier encuentro directo o indirecto con representantes de Washington en los próximos días, y precisó que la delegación técnica iraní desplazada a la ciudad tiene como único objetivo discutir con mediadores cataríes la liberación de activos congelados, en aplicación del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio. El propio ministro de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, terció para aclarar que Witkoff y Kushner se reunirían exclusivamente con mediadores, no con funcionarios iraníes, y que no se había producido transferencia alguna de los seis mil millones de dólares en fondos iraníes bloqueados.

La confusión sobre la naturaleza de los contactos en Doha refleja la fragilidad del alto el fuego pactado hace menos de dos semanas. Durante el fin de semana, ambos países intercambiaron ataques con misiles y drones en el golfo Pérsico, después de que Washington acusara a Teherán de golpear buques comerciales en el estrecho de Ormuz y respondiera con bombardeos sobre infraestructura militar iraní. Desde la óptica de Washington, la prioridad es restaurar la libertad de navegación sin peajes y avanzar hacia un acuerdo definitivo que impida a Irán mantener uranio altamente enriquecido. En Teherán, en cambio, se insiste en que el memorando otorga a la República Islámica la responsabilidad exclusiva de la seguridad en la vía marítima —incluida la remoción de minas— y se advierte que cualquier intento de establecer corredores alternativos por aguas omaníes constituye una provocación. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condicionó el cumplimiento de los compromisos a la reciprocidad estadounidense, mientras el vicecanciller Kazem Gharibabadi rechazó de plano la propuesta francesa de una misión internacional de desminado.

Los mercados energéticos han reaccionado con un descenso de los precios del crudo, que se sitúan ya cerca de los niveles previos al inicio de la guerra, el 28 de febrero. No obstante, el tráfico marítimo por Ormuz sigue muy por debajo de los volúmenes habituales: apenas unas decenas de buques cruzan a diario, frente a los más de cien que lo hacían antes del conflicto. Analistas en los centros financieros asiáticos advierten de que la aparente calma en los precios no refleja una normalización real de los flujos, sino más bien la salida de petroleros que habían quedado atrapados en el golfo y una demanda global contenida. Las refinerías de India, por ejemplo, han compensado la disrupción con importaciones récord de crudo ruso, mientras que los productores del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, han aumentado sus exportaciones aprovechando la relajación temporal de las sanciones petroleras a Irán.

El memorando de entendimiento, auspiciado por Pakistán y Catar, establece un plazo de sesenta días para negociar un acuerdo permanente que abarque el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y una tregua duradera. Sin embargo, las divergencias sobre la administración futura del estrecho de Ormuz —donde Omán ha sugerido un mecanismo de tarifas por servicios marítimos similar al de Malaca, mientras Washington lo rechaza de plano— y la falta de avances en la implementación de las cláusulas iniciales mantienen el proceso en un impasse. Fuentes en las capitales del Golfo señalan que Riad y Abu Dabi se oponen a cualquier peaje y exigen el retorno al statu quo anterior a la guerra. Con los enviados estadounidenses ya en Doha y la delegación técnica iraní dispuesta a reunirse con los mediadores cataríes el miércoles, la atención se centra ahora en si los contactos indirectos lograrán desactivar la crisis de Ormuz y despejar el camino hacia una negociación sustantiva sobre el programa nuclear, cuyo plazo expira a mediados de agosto.